La política de beneficios a la industria energética llevó a una encerrona manifiesta. Resulta que, mientras el gobierno ajusta el gasto público en todas las áreas, los subsidios a las petroleras y distribuidoras de gas y electricidad se duplicaron en el primer semestre, pero eso no evitó que también se duplique el déficit energético y se fuguen dólares por la importación de combustibles. Este esquema leonino prepara un tarifazo en regla contra los usuarios.

En el primer semestre del año se giró a las empresas de energía más del doble que un año atrás, cerca de 350.000 millones de pesos. Esto, no está de más aclarar, cuando en el mismo período el gasto primario cayó cerca de 10 puntos respecto del año pasado, fundamentalmente por la pérdida de las jubilaciones y los salarios respecto de la inflación.

La base de semejante subvención parte del Plan GasAr, que consiste en que el Estado garantiza a las petroleras por el gas en boca de pozo un 50% por encima en el precio que pagaban las usinas eléctricas y distribuidoras. Incluso, se habilitó a la mayorista estatal de electricidad Cammesa comprar cupos extra con un recargo del 30% más (a 4,6 el millón de BTU). Como el gas es el insumo base de toda la generación energética, estos beneficios a las compañías de hidrocarburos encarecen toda la cadena, por lo cual obliga a determinar cuánto se traslada a las boletas que pagan los usuarios y cuánto afecta a las ganancias de transportadoras y distribuidoras o es cubierto con subsidios estatales.

Ese fue el trasfondo de la disputa que enfrentó en marzo a Martín Guzmán con los interventores de los entes reguladores del gas y la electricidad, los kirchneristas Germán Basualdo y Federico Bernal, respectivamente. Pero estos, que bregaban por un incremento moderado de las tarifas (marzo registró el pico de inflación), nunca cuestionaron este régimen de promoción a las petroleras que está en la raíz del problema. Todos dan por supuesto que es una condición para remontar el desplome de la producción y reducir las necesidades de importación hacia el invierno (es decir, para no perder vía importaciones los dólares necesarios para el pago de la deuda).

El resultado es que a la par de los subsidios también aumentó el déficit energético. En junio las compras de combustibles al exterior fueron un 126% mayores que el mismo mes del año pasado. En cantidades, un tercio de la demanda de gas del mes debió ser cubierta por esa vía. Estimaciones privadas calculan que para agosto las importaciones del rubro habrán acumulado unos 4.250 millones de dólares (31% más que 2020). No es un problema menor cuando el gobierno intenta evitar una corrida cambiaria -motivo por el cual plancha las importaciones de insumos industriales.

El repunte productivo apalancado con los millonarios subsidios es muy pobre, y contrasta con las expectativas oficiales. YPF publicó el mes pasado la noticia de que en el semestre dobló la producción de shale gas comparado con el año pasado, pero los volúmenes totales operados por la compañía incluyendo sus contratistas y los pozos convencionales están un 30% abajo de los de 2019, según datos de la Secretaría de Energía. El nivel de inversiones de las petroleras (contando crudo y gas) se ubica apenas arriba de la mitad del promedio de 2012-2019. Lo que sí se ha incrementado es la superexplotación obrera, ya que se anota una mayor cantidad de hidrofracturas en menor tiempo y con menos personal por dotación de torre.

La mayor productividad lograda a base de la intensificación de la utilización de equipos y de la fuerza de trabajo se expresa en numerosos siniestros laborales y ambientales. Es una de las refutaciones más inapelables al verso “verde” que predica Alberto Fernández en las cumbres internacionales por el clima, mientras promueve grandes explotaciones off shore sobre el mar argentino frente a las costas de Ushuaia y Mar del Plata -ampliamente repudiadas por la población por sus efectos sobre el ambiente y la economía regional (destrucción de la pesca y el turismo). El ministro de Ambiente Juan Cabandié posa penosamente de ala crítica, afirmando que la habilitación de nuevos yacimientos estará condicionada al cumplimiento de “un plan de descarbonización”, cuando es evidente que la política energética está basada en incentivos para tentar a multinacionales como la noruega Equinor, la francesa Total, la inglesa BP, la holandesa Shell, la alemana Wintershall, o la yanqui Chevron.

La promoción a las empresas de hidrocarburos tuvo también otras derivaciones, como los naftazos comandados por YPF que entre agosto y mayo rozaron un acumulado del 60%. Es un factor adicional que echa combustible a la espiral inflacionaria, porque impacta en toda la cadena de distribución. También producto de un mayor peso del precio del gas en boca de pozo subirá el mes entrante un 8% el GNC (que consumen los sectores de menores ingresos), y volverá a hacerlo hacia noviembre.

Esto anticipa lo que se viene en torno a las tarifas de los servicios públicos, contenidos apenas para evitar un desmadre de los precios de cara a la contienda electoral. La referida disputa al interior del elenco gobernante se cerró con aumentos promedio del 9% para la electricidad en el Gran Buenos Aires (que en los usuarios medios fue del 12%) y del 7% en el servicio de gas residencial para todo el país -lo cual implica mejoras de entre el 25% y el 30% de lo que perciben las privatizadas. Como moneda de cambio por el “retraso”, a fines de mayo el gobierno firmó un acuerdo transitorio en el cual se exime a distribuidoras de gas y a las transportadoras de electricidad de realizar obras de infraestructura; además de perpetuar el vaciamiento, es la confesión de que el esquema actual es precisamente transitorio, y que después de las elecciones se viene una revisión tarifaria en regla.

No podía ser de otra manera en el marco de una política económica digitada por el FMI. Entre las consideraciones para allanar un acuerdo con el organismo figura la exigencia de reducir los subsidios para terminar de equilibrar las cuentas fiscales. Es que a pesar de que el déficit en la primer mitad del año fue de los menores en seis años, estos gastos amenazan con salirse de control. Ya se ejecutó el 70% de lo presupuestado en transferencias a Cammesa; mientras que el Instituto Argentino de Energía estima que en el caso de las destinadas a distribuidoras de gas el año cerrará con una sobreejecución del 40%.

Pero para graficar que la tijera del Fondo no tiene doble filo, hay que agregar que además de los tarifazos el gobierno teje un rescate extraordinario a las distribuidoras de electricidad, que acumulan monumentales impagos a Cammesa, que les provee de energía. Al 30 de septiembre, el monto total de lo que adeudaban las empresas promediaba los 137.000 millones de pesos. Por eso, el Presupuesto 2021 incluyó una moratoria que, además contemplar largos plazos y tasas subsidiadas, establece… la condonación lisa y llana de las deudas. En los acuerdos con las primeras ocho provincias ya se condonó más de 20.000 millones de pesos, y todavía faltan las negociaciones con Edenor y Edesur que representan casi la cuarta parte del pasivo. Mientras tanto, y a pesar de que en el interior los tarifazos llegaron a ser del 35%, en lo que va del año las privatizadas pagan solo dos tercios de los despachos de energía de la mayorista estatal.

Muy distinto es el trato que recibimos los consumidores. Siempre hay que recordar que -exactamente al revés del discurso oficial, que presenta los subsidios como un acto de equidad- gran parte de los recursos que nutren las transferencias a las empresas de energía sale de los propios usuarios, ya que los impuestos representan un cuarto de los importes de las boletas. Es lo que puso nuevamente sobre la mesa la ley de zona fría, iniciativa de Máximo Kirchner, que costea la rebaja de tarifas en algunas provincias con la suba de uno de los ítems impositivos.

Como sea, la encerrona es patente. Es sintomático que en este cuadro haya reaparecido el eyectado de YPF, Guillermo Nielsen, quien aprovechó la reciente caída de la calificación del país en los índices internacionales de inversión para insistir en la “necesidad de avanzar en la ‘offshorizacion’ normativa ligada a Vaca Muerta”, en alusión a su nonato proyecto de ley que creaba un fideicomiso en el exterior para que las petroleras pudieran disponer libremente de sus dividendos sorteando el cepo cambiario. Metió el dedo en la yaga, porque uno de los motivos por los cuales se demora la tan prometida ley de hidrocarburos es que, por sobre todo incentivo, los pulpos petroleros exigen libre acceso a dólares para girar sus ganancias al exterior como condición para cualquier inversión.

La contradicción de la política económica del gobierno no solo es manifiesta, sino que involucra por igual a todas sus alas por más que choquen en aspectos puntuales. En última instancia, seguimos en el rumbo general trazado por aquel pacto secreto YPF-Chevron y el primer Plan Gas de Kicillof. Los beneficios a las petroleras, el rescate a las privatizadas de servicios públicos y el pago de la deuda externa usuraria, condenan al país al vaciamiento energético y a la población a nuevos tarifazos. Ilustran además el régimen de saqueo que perpetúan todos los que se suceden en el poder, el cual pone el estratégico desarrollo energético nacional en manos de un puñado de grandes capitales.

La salida al laberinto solo puede provenir de una orientación social contrapuesta. Es elemental la apertura de los libros al control de trabajadores y usuarios, para determinar los costos reales de toda la cadena (extracción, generación, transporte y distribución), la huelga de inversiones y el destino real de los subsidios; lo cual revelará de inmediato la necesidad nacionalización de toda la industria energética bajo control obrero, para proceder a un plan de desarrollo establecido en función de las necesidades productivas y sociales, partiendo de invertir la riqueza que hoy se fuga en el pago de la deuda externa usuraria y fraudulenta.

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