El recrudecimiento inflacionario que se vive en la Argentina en los últimos meses está haciendo estragos en los bolsillos de los hogares de la población trabajadora. La inflación del 4% en diciembre de 2020 fue el punto más alto de todo el año pasado, y se descarta que el primer mes de 2021 seguirá con estos números escalofriantes.

El análisis de los datos publicados por el Indec permite diferenciar el aumento de los precios por rubro, mostrado cómo el fenómeno inflacionario afecta con especial crudeza a los trabajadores más empobrecidos. Ocurre que mientras el promedio de la inflación durante 2020 fue del 36,1%, el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas incrementó sus precios en un 42,1%. Esto impacta particularmente en el consumo de quienes tienen menores ingresos, ya que son quienes destinan un mayor porcentaje del ingreso al consumo de este tipo de bienes, a diferencia de quienes tienen una mejor situación económica y la capacidad de diversificar sus consumos.

Alcanza con ver el aumento de las líneas de pobreza e indigencia (39,1 % y 45,5% respectivamente) para notar el deterioro en las condiciones de vida de las masas en nuestro país. Se prevé, entonces, un aumento importante de ambos índices, es decir de trabajadores que con su salario no acceden a una canasta básica total o ni siquiera a una canasta alimenticia. Si el aumento de los precios de los alimentos en enero se repitiera a lo largo del año, ¡nos acercaríamos al 80% para 2021!

Argentina se está convirtiendo en una olla a presión que está llamada a explotar, con más razón cuando salta la vista el fracaso sanitario del gobierno, que acaba de confirmar que finalmente serán 220.000 las dosis de la vacuna Sputnik V en lugar de las 600.000 anunciadas. Los planes de vacunación a los que el gobierno se venía aferrando como tabla de salvación han entrado en un manto de incertidumbre, en momentos que asistimos a un aumento sensible de la curva de contagios. En este cuadro, tanto oficialistas como opositores se rasgan las vestiduras en función de presionar por la apertura de las escuelas, pero se niegan a suministrar los recursos imprescindibles para asegurar un retorno seguro a clases. El ajuste fondomonetarista que ambos apoyan es incompatible con la educación, la salud y de un modo general con las condiciones de vida más elementales de la población trabajadora.

Impotencia

El gobierno se muestra impotente frente a este salto en la carestía, a la que él mismo ha contribuido de diversas maneras. Su política de intervencionismo tardío para intentar controlar el descalabro inflacionario será incapaz de controlar el problema. La carne es un caso clave: luego de un aumento de hasta 90% en 2020, el gobierno se mete para retrotraer los precios a noviembre e intervenir solamente a través de las grandes cadenas de supermercados. Según La Nación y varios voceros patronales, la medida apenas tendrá impacto sobre el 3% del volumen mensual de ventas (26/1).

La situación está cada vez más comprometida, sobre todo si tenemos en cuenta la inflación reprimida que enfrenta la economía nacional. Los rubros que aumentaron por debajo del promedio a lo largo del año pasado son mayormente los que están regulados, ya sea a través de las tarifas o la precaria “pax cambiaria”. Es que los Fernández están intentando contener al dólar por todos los medios, incluido un cepo a la importaciones, lo cual ya ha empezado a profundizar la recesión por la vía de la falta de insumos y productos.

Respecto de las tarifas está claro que el gobierno atraviesa una crisis que no tiene salida en sus propios términos. Por un lado, en vista a evitar un desborde inflacionario, ha prorrogado el congelamiento de las tarifas y compensa a las empresas de energía con más subsidios. A nadie se le puede escapar el impacto que los tarifazos podrían tener en el humor popular, conociendo la experiencia que todavía está fresca bajo el gestión macrista y, de un modo general, las experiencias recientes en América Latina. El esquema de subsidios a las energéticas, sin embargo, entra en colisión con las exigencias del Fondo, que exige el cese de esta política que aumenta significativamente el déficit fiscal, el cual luego se financia mayormente con emisión monetaria, lo que a su turno estimula también a la inflación.

YPF y el fantasma del default

La empresa petrolera se encuentra en pleno proceso de reestructuración de la deuda privada más grande de la historia argentina, unos 6.600 millones de dólares. Más allá de la dimensión del quebranto, que llevó a la necesidad de reestructurar, la cuestión YPF es crucial porque podría anunciar el futuro de muchas de las grandes empresas nacionales y de las propias provincias que están renegociando con sus acreedores. Pasado apenas pocos meses de del arreglo con los bonistas, reaparece el fantasma del default.

La oferta que la petrolera mejoró para sus acreedores -después del fracaso de la primera- tiene una tasa de interés promedio del 9% anual en dólares, mientras las tasas a nivel internacional se encuentran en sus mínimos históricos en torno a 0. La petrolera estatal, ahora bajo el comando de un hombre de Cristina Kirchner, ha terminado sucumbiendo frente a la presión de los acreedores, aunque no hay que descartar que estos reclamen nuevas concesiones. Se repite la historia de meses atrás con la negociación de la deuda nacional.

Esto echa por la borda todo el entusiasmo y los festejos acerca de la “exitosa” reestructuración de la deuda argentina. En primer lugar porque los propios bonos que surgieron de la renegociación soberana se deprimieron más de un 30% en dólares desde su lanzamiento, y volvieron a cotizar a precios de remate. No nos olvidemos que Argentina se endeuda a tasas del 16%, cuadruplicando al resto de los países de la región. En segundo lugar porque las empresas argentinas acarrean el riesgo país, y la certeza de los acreedores de que el país entrará nuevamente en default más temprano que tarde.

La crisis mundial por supuesto ha contribuido al quebranto de una empresa cuya política viene siendo ruinosa desde hace mucho tiempo. La caída del precio del petróleo durante 2020 fue muy notable, y se está llevando puesta a muchas empresas petroleras en el mundo asociadas al fracking. Esto ha puesto en jaque a Vaca Muerta, con más razón cuando los costos de explotación del yacimiento neuquino son superiores a los de Estados Unidos. Allí el gobierno buscó también “desacoplar” los precios internacionales (cercanos a cero) con el precio en el mercado interno, a través del barril criollo. En este caso, el Estado intervino violentando las leyes de mercado pero para salir en rescate del capital. Ahora el mismo gobierno que busca contener la inflación apuesta a una recomposición del patrimonio de YPF a través de la vía de aumentos del combustible, que ya lleva siete aumentos desde agosto.

YPF es probablemente la primera de muchas reestructuraciones de las empresas que se han endeudado con la especulación de unos “brotes verdes” que nunca llegaron. El propio Banco Central obliga a las empresas a renegociar sus pasivos, dado que no les otorga las divisas para girar más del 40% de los vencimientos que deben cancelar en el extranjero. Es la muestra más cabal de cómo la quiebra nacional y del BCRA (que tiene reservas negativas) impacta de lleno en toda la economía.

Las deudas provinciales y de otras grandes compañías se encuentran bajo la picota del capital financiero. Los gobernadores han mostrado la misma sumisión que el gobierno nacional, y sin embargo no han podido evitar entrar en cesación de pagos. Aquellas que lo hicieron fue sobre la base de la entrega total de los recursos provinciales y una hipoteca a futuro. La provincia de Buenos Aires, por ejemplo, lleva once ofertas que fueron rechazadas una tras otra.

El movimiento obrero

Este marco de crisis ha sido aprovechado por las patronales para la imposición de una reforma laboral de hecho. Como sabemos, la prohibición de despidos decretada por el gobierno nació muerta, al punto de que el Indec reconoció esta semana una caída del 9,1% de los puestos de trabajo y de un 18,8% de los puestos en negro. Ahora anunciaron la prórroga de la doble indemnización, pero con un tope bajo que abarata los despidos de los trabajadores jerárquicos o con mayor antigüedad. Se une a la licuación de los salarios, lo cual termina echando leña al fuego de la inquietud ya existente en las filas del movimiento obrero.

Mientras tanto la burocracia sindical, con la CGT a la cabeza, mira hacia un costado. La movida de esta semana es una nueva tentativa del pacto social que se da casualmente en vísperas de la mayor parte de las paritarias. El gobierno, que fijó en el presupuesto una inflación del 29% anual (cuando las expectativas son del 50%), busca ajustar nuevamente el salario, mientras los precios suben sin freno.

Una vez más lo que rompe con la letanía de la burocracia es el movimiento piquetero. El Frente de Lucha que nuclea al Polo Obrero y otras organizaciones piqueteras gana la calle esta semana desde más de 40 puntos en 20 provincias, contra la carestía, la inflación y el recorte del IFE, el retaceo de alimentos a los comedores y por trabajo genuino. Un ejemplo para todo el movimiento obrero, que empalma con las luchas abnegadas que vienen librando algunos sectores en defensa de los puestos de trabajo, como la metalúrgica Gri Calviño o el paro que viene de realizar Bridgestone con el respaldo del Sutna.

Es que los trabajadores estamos llamados a intervenir en la crisis, para oponernos con nuestro propio programa a este régimen de hambre y saqueo. Por eso planteamos: ningún despido, apertura de libros de las empresas que cierran o despidan, paritarias libres y salario equivalente a la canasta familiar, seguro al desocupado de 30.000 pesos, duplicación de los presupuestos de salud y educación, no pago de la deuda y ruptura con el FMI, nacionalización de la banca y el comercio exterior.