Los ataques a la docencia que colocan a los trabajadores de la educación como “culpables” de que no esté confirmado el inicio de clases presenciales se han abierto paso en la agenda pública de los últimos días. Más allá de matices menores, tanto desde el Ministerio de Educación de Nación como desde Cambiemos se ha impulsado una presión que busca “abrir las escuelas”. Estamos frente a una campaña pérfida pues se quiere hacer responsables a los docentes del retorno a la presencialidad cuando la responsabilidad es del Estado -tanto en la nación como en las provincias – al que le cabe la función de garantizar las condiciones para que esto fuera posible en momentos en que asistimos a un recrudecimiento sensible de la pandemia mucho antes de que llegue el invierno y con la “segunda ola” llegando a la orilla.

Improvisación y ajuste

El ministro Nicolás Trotta plantea que la idea del gobierno es implementar una “presencialidad cuidada”. La medida fue avalada explícitamente por Alberto Fernández el fin de semana.

Sin embargo, hasta ahora, el ministro se ha limitado a decir que tiene que haber “uso del tapabocas, cierto escalonamiento y desinfección” (Página 12, 19/1). La “presencialidad” no tiene nada de “cuidada”, más bien es absolutamente descuidada como lo fue la virtualización el año 2020.

Se rasgan las vestiduras sobre el daño que representó que el año pasado hayan quedado fuera del sistema un millón de chicos pero lo que se encubre en este balance es el desempeño del propio gobierno. ¿Cuáles fueron los recursos y las medidas que el Estado tomó para evitar este desenlace? ¿Qué otra cosa se podría esperar si el Estado se lavó las manos, sin siquiera garantizar la conectividad en los hogares, empezando por las más vulnerables? Una beca para todos los alumnos involucrados hubiera ayudado a preservar su inserción en el ámbito escolar. Está claro que la prioridad está en otro lado cuando vemos que 700 mil millones de pesos se han ido a pagar los intereses de las Leliq, a lo que hay que agregar los pagos de la deuda. Entre la banca y los jubilados -y agreguemos la educación y salud- se ha terminado privilegiando a los primeros. Esta misma orientación es la que prima ahora con la vuelta a la presencialidad.

Nunca explicó el ministro de qué manera van a llevar adelante el aumento del suministro de elementos de seguridad e higiene (provisión de alcohol en gel, jabón en todos los baños, agua en todas las escuelas) ni cuántos docentes más van a contratar para poder dividir las cursadas en grupos más chicos de estudiantes. El gobierno no ha anunciado reformas de infraestructura para garantizar una presencia masiva en los establecimientos. Tampoco dejó en claro qué cambios se realizarán en el aspecto edilicio para garantizar las condiciones de distanciamiento ni mucho menos cómo va a soportar el circuito de circulación del transporte la incorporación de 13 millones de alumnos y alumnas (además de adultos que trasladen a sus chicos) en pleno avance de los contagios, que ya tuvieron jornadas diarias de 13 mil infectados en 24 horas.

Es pura improvisación lo del gobierno y no podría ser de otra manera: lejos de poner recursos al servicio de la educación y la presencialidad, el gobierno ha procedido a un recorte y un ajuste a medida de las exigencias del FMI con el que se vienen negociando un nuevo acuerdo. Esto lo demuestra el Presupuesto 2021, por ejemplo, que aumenta en 17% la partida para las Universidades Nacionales con una inflación prevista del 50%. Los 2.300 millones que Trotta festejó para “pequeñas refacciones” equivalen aproximadamente a 175 pesos por estudiante y a 35.000 por establecimiento educativo. Chaucha y palito.

Esta política no es monopolio del Frente de Todos. Larreta en la Ciudad viene de recortar 371 millones del Plan Sarmiento, mientras que su Tribunal Superior de Justicia lo eximió de la responsabilidad de otorgar vacantes para los niños y niñas de la Ciudad. Ese fallo ata las vacantes de la educación superior al “mérito” de los estudiantes, lo que prepara nuevos recortes y ataques a los institutos.

Mientras esto ocurre, el gobierno acaba de aumentar un 30% el presupuesto de los servicios de inteligencia (AFI). Las prioridades son claras.

El ejecutivo nacional no puede tampoco presentar un plan de vacunación claro. El país solamente tiene 300.000 dosis completas (algo que no alcanza siquiera para completar el proceso en los trabajadores de la salud) y desde el 29 de diciembre no llegó a colocar ni siquiera 250.000 “medias dosis” (una sola inyección). A este ritmo no hay siquiera certeza de que el proceso de vacunación a los docentes comience en febrero (ni hablar de que termine antes del inicio del ciclo lectivo, algo que ya nadie cree). Por las dudas, el propio Trotta abrió el paraguas: “no es condición indispensable”.

La burocracia sindical de CTERA ha negado que las condiciones para la presencialidad existan pero ha limitado cualquier tipo de campaña contra “Macri” y “la derecha” sin siquiera tomar nota de que son el gobierno nacional y los gobernadores (muchos de ellos peronistas, como Axel Kicillof) quienes están a la cabeza de la vuelta sin recursos. Es un intento más de disimular el inmovilismo y el ajuste que esas direcciones han dejado pasar y someter la educación a las políticas gubernamentales.

La situación educativa concentra una parte importante de los problemas sanitarios y económicos de la Argentina, porque la lucha por los recursos plantea la disputa de quién paga la crisis. Hay un gobierno que busca “abrir” escuelas sin un plan ni ninguna inversión sustantiva y una derecha que desenvuelve un ajuste similar donde gobierna y que hace demagogia reaccionaria. Los verdaderamente interesados en la defensa de la educación están en la vereda opuesta: son los docentes, los millones de padres y alumnos de las familias trabajadoras que vienen enfrentando cada vez más escollos en el desenvolvimiento del ciclo lectivo y que vienen haciendo esfuerzos inauditos para sortearlos.

El que da clases es el Fondo

Mientras la educación se encuentra presa entre el ajuste y la pandemia, la situación económica no muestra muchos más triunfos. El gobierno busca vender la perspectiva de patear para “después de las elecciones” el acuerdo con FMI y argumenta para ello una (leve) suba de las reservas del Banco Central (1.200 millones de dólares) y la suba del precio de la soja. Lo que se omite decir es que este aumento de las reservas ha sido a expensas de colocar un cepo a las importaciones, lo cual ya ha producido cortocircuitos en ciertas ramas de la industria por carecer de insumos indispensables y puede llevar a una paralización en caso de que persista esta situación.

No obstante, los fondos sumados parecen insuficientes para hacer frente a los vencimientos de 10.000 millones de dólares en todo el 2021 con diferentes organismos multilaterales de crédito, incluido el propio Fondo. El aumento de las commodities, como se demostró en 2009, no es indicio concreto de una liquidación de la cosecha, sino más bien lo contrario, porque los capitalistas del agro presionan para una devaluación. Las noticias internacionales tampoco auguran un panorama prometedor: el cierre de Ford en Brasil, por ejemplo, marca que en el país vecino el mercado automotriz, que es destinatario de exportaciones argentinas, tiene una saturación importante.

Claro que no hay margen para un encarecimiento mayor de la divisa ya que la situación inflacionaria deja mucho que desear. En los últimos 32 meses los aumentos salariales estuvieron por debajo de la inflación, que terminó en un 36,1% en un año que tuvo cuarentena y regulación de tarifas.

Según un “paper” que difundió el BCRA, la inflación tiene como razón principal la “puja distributiva” (BAE, 19/1). Pero el salario es el único precio de la economía que “deflacionó”. Esta caracterización es simplemente una cortina de humo para un nuevo ataque al salario (paritarias a la baja). Esta semana se conocieron cifras que marcan que en noviembre 2020 el Ripte (salario real formal) se ubicó en el segundo lugar más bajo de los últimos 11 años.

El nuevo precio de las naftas, la suba de tarifas que se llevará adelante desde marzo y la brecha cambiaria anuncian nuevos aumentos. En definitiva, el que dicta cátedra es el FMI y el gobierno que ataca a los docentes sigue el libreto.

La educación y el país necesitan un programa de emergencia

La forma de abordar la crisis económica, el avance de los contagios y la apertura de las escuelas requieren una reorientación de conjunto de los recursos, que parta del no pago de la deuda y un impuesto a las grandes rentas y fortunas (como el que impulsó el FIT-U). Esto servirá para financiar las medidas de restricción necesarias para hacer frente al avance de los contagios y un seguro de desempleo de 30.000, en una medida que debe ser acompañada con la centralización del sistema de salud y el establecimiento de protocolos de bioseguridad en los lugares de trabajo.

En materia educativa, tal inversión resulta crucial para cualquier tipo de “presencialidad”. La duplicación del presupuesto educativo es la base para la constitución de un plan de infraestructura, refacción y construcción de escuelas necesarias para poder garantizar las condiciones de distanciamiento. Asimismo, dicha medida permitiría el aumento de los cargos docentes, con el respeto de los estatutos, para poder dividir en grupos más chicos los cursos de los diferentes grados y años a fin de sostener mejores condiciones para la cursada, desde el punto de vista sanitario. Una política de esas características debe sostenerse con un salario básico nacional para la docencia por encima de la línea de pobreza.

Estos recursos resultan importantes porque los primeros tiempos de la presencialidad -aún si se cumpliera las condiciones necesarias para que se restablezca, cosa que ahora no ocurre- estarán combinados necesariamente con la modalidad “a distancia”, por lo que se requiere avanzar en el otorgamiento de equipos y conectividad gratuitos para alumnos y docentes. No olvidemos que este punto es una de las causas que explican la deserción de millones de jóvenes que se quedaron afuera de la virtualidad.

Este presupuesto también podría ser destinado al aumento a 10.000 pesos de la Beca Progresar y para un plan de becas nacional que, con montos similares al ya mencionado, llegue de forma irrestricta a quien la necesita. En tiempos de pandemia, con quita del IFE y avance en la precarización laboral de la juventud, estos ingresos definen como nunca el nivel de deserción para garantizar en los estudios. No tomar una medida similar implica dejar otra vez a millones de jóvenes a la deriva. Por último, una inversión en esa sintonía podría servir para un servicio de transporte escolar gratuito que sostenga los viajes sin aumentar brutalmente la curva de contagios y la cobertura alimentaria de las escuelas.

Por supuesto que esta orientación tiene de fondo el debate de quién paga la crisis. Quienes se acuerdan de “las aulas” solo cuando se ponen en juego los intereses patronales en realidad buscan descargar la crisis sobre los trabajadores. Este programa pone arriba de la mesa la necesidad de una reorganización integral del país sobre nuevas bases. Es otro principio social en el que se privilegien las necesidades y el interés popular y no como ocurre ahora que lo que prima es el lucro y la voracidad capitalista. Esta tarea está reservada a los trabajadores como parte de una salida política general frente a la crisis nacional.