El Fondo Monetario Internacional marcó el tono en un documento posterior a la aprobación del nuevo desembolso de fondos para la Argentina: el gobierno debe avanzar en una “implementación más decisiva del programa” de refinanciación de la deuda con el organismo. A tal efecto, postula un tarifazo en los servicios más ambicioso que el proyectado por el ministro Sergio Massa, “restricciones continuas” en los sueldos del sector estatal, así como en las transferencias a las provincias y empresas públicas, y una “racionalización de la asistencia social” (ajuste en los programas sociales y bonos de emergencia), entre otros puntos. De este modo, la entidad que conduce Kristalina Georgieva fija el plan para el cumplimiento de las metas de déficit fiscal y acumulación de reservas que aseguren el repago del préstamo.

El gobierno y la oposición patronal tomaron nota. El “superministro” presentó un presupuesto 2023 que subestima las perspectivas inflacionarias reales, con el propósito de que ciertas partidas corran por debajo de ella. Y Juntos por el Cambio, que apoyó en el Congreso el acuerdo con el FMI, se muestra predispuesto a acompañar la ley de leyes, en tanto se le concedan algunas “garantías” políticas que el oficialismo está considerando. El economista y diputado Luciano Laspina, del PRO, “celebró” que el presupuesto contemple un “recorte del gasto público” (La Nación, 14/10). En el debate en la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, en cambio, Romina Del Plá (del Frente de Izquierda – Unidad) denunció el emblemático recorte que se prepara en la educación pública.

Desde Estados Unidos, Massa llamó a “la austeridad en el gasto” y la disciplina fiscal. En los medios se multiplican las voces de referentes políticos del oficialismo y la oposición que reclaman contener el déficit, sin poner en cuestionamiento la principal fuente de desequilibrio que son los pagos de la deuda. Es que el ajuste que exigen a los sectores populares es precisamente para satisfacer a los acreedores externos. A propósito de esto, el líder del Frente Renovador abrió negociaciones con el Club de París para cancelar 2 mil millones de dólares de deuda. Eso lo llevará de viaje a fin de mes a Francia.

Como parte de las diatribas ajustadoras, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, lanzado ya a la campaña presidencial, fue aplaudido a rabiar por los hombres de negocios reunidos en el coloquio de Idea cuando volvió a apuntar contra los planes sociales. En ese mismo foro, tres gobernadores del PJ (el santafesino Omar Perotti, el sanjuanino Sergio Uñac y el chaqueño Jorge Capitanich) rindieron examen ante los capitalistas. “Los gobernadores estamos dando un buen ejemplo de capacidad para gobernar y ordenar las cuentas públicas”, resumió el exjefe de gabinete de Cristina Kirchner.

El cónclave anual empresario escogió como lema “ceder para crecer”, con la trampa de que las tres “acciones tácticas” (en el camino hacia una reforma laboral en regla) recomendadas por el titular de Idea y del HSBC, Juan Marotta, son todas concesiones que deberían provenir de los sectores obreros: negociaciones directas entre empresas y sindicatos, pisoteando los convenios colectivos (al estilo del acuerdo de Toyota); bajar el costo por los juicios y multas laborales; y un proyecto de “empalme” que habilite a tomar beneficiarios de planes sociales como empleados con un período de prueba de un año, pagando una fracción del sueldo y sin abonar las cargas sociales.

Por el evento se pasearon referentes del oficialismo y la oposición, desde Alberto Fernández y Larreta hasta Patricia Bullrich y Javier Milei. El líder de Libertad Avanza prometió “salir con un hacha para cortar el gasto público desde el día uno, vamos a recortar contratos y avanzar rápidamente con la privatización de empresas públicas”. Es, en pocas palabras, la política del menemismo, cuyo ministro estrella, Domingo Cavallo, acaba de ser ensalzado en una actividad conducida por el legislador porteño Ramiro Marra. Sí: los “libertarios” defienden, y presentan como modelo, al responsable de la confiscación de los ahorros a fines de 2001.

Los referentes de la burocracia sindical presentes en Idea, como Gerardo Martínez de la Uocra y Ricardo Pignanelli del Smata, endulzaron los oídos de las patronales. El dirigente del sindicato de la industria automotriz se jactó de haber “cedido” (como reclaman los empresarios) en el caso de Toyota, donde se modificó la jornada laboral, imponiendo el trabajo los días sábados.

Los trabajadores a los que se pide todos estos múltiples sacrificios son los que ya sufren una inflación que no da tregua (6,2% en septiembre) y devora el poder adquisitivo de los salarios.

El Partido Obrero prepara una agenda de actos para la segunda quincena de octubre que incluirá uno el 29 en Plaza de Mayo. Frente a las políticas de ajuste y entrega del gobierno, la oposición patronal y la burocracia sindical, defendemos el planteo de un plan de lucha y un paro nacional, y el desarrollo de un movimiento popular con banderas socialistas.

Buen domingo.

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