El gobernador bonaerense Axel Kicillof ha largado su propia fuerza política, llamada Movimiento Derecho al Futuro (MDF), con el objetivo de pelear dentro de la interna peronista y posicionarse de cara al proceso electoral de este año. El lanzamiento kicillofista logró reunir los apoyos de la mitad de los 84 intendentes peronistas de la provincia de Buenos Aires, de siete diputados nacionales, 13 legisladores provinciales, y de numerosas organizaciones políticas y, especialmente, sindicales. Aunque el lanzamiento ha quedado rápidamente empañado por el recrudecimiento de la brutal crisis de inseguridad por la que atraviesa la provincia de Buenos Aires, que tuvo tres crímenes fatales en tan solo dos días, vale detenerse en hacer un análisis concienzudo de la gestión de Kicillof en la provincia.

La participación masiva de las direcciones sindicales en el lanzamiento de la agrupación de Kicillof, bajo el planteo de que representa la única alternativa ante el gobierno de Milei, reclama una clarificación política. Además, muchos trabajadores y jóvenes, genuinamente espantados por la política reaccionaria y fachistoide de Mieli, ven en Kicillof un refugio desde donde enfrentar al gobierno nacional. Por ende, es clave determinar cuál ha sido la política concreta y la orientación social del gobierno de Kicillof. Esto echará luz sobre si efectivamente el gobierno de Kicillof ha sido un “escudo” contra la política libertaria y es un punto de apoyo para enfrentarla, como la declaración de MDF lo señala, o si, por el contrario, ha sido un vehículo para que progrese esa política en la provincia de Buenos Aires.

Inseguridad y represión

El contexto, atravesado por los crímenes de La Plata, Vicente López y Malvinas Argentinas, nos obliga a comenzar por una crítica a la política de seguridad del gobierno provincial y a las pretendidas “salidas” que propone Milei. Como señalamos en esta declaración, ni Milei ni Kicillof van a resolver la catástrofe de la inseguridad. Es que la inseguridad es el resultado de un profundo proceso de descomposición social –que progresa desde hace décadas y que se recrudece de la mano de un ajuste insoportable– y de la proliferación del crimen organizado, que cuenta con vínculos y complicidades profundas en las fuerzas de “seguridad”. Solo se podrá poner fin a este cuadro de situación, que es responsabilidad de todos los que nos han gobernado, con una aguda intervención popular en la escena política.

Contra lo que dice Milei, de la mano de Berni y Kicillof, la provincia de Buenos Aires está muy lejos del “garantismo”. Lo que avanza, en realidad, es una línea de represión y mano dura. El gobierno de Kicillof repite en el terreno de la seguridad la política de la derecha, reclamando “más policías con más recursos”. De esta manera, se suma a la demagogia derechista. Kicillof pretende abstraerse de que la policía es parte del problema y no de la solución, tanto por sus vínculos con el crimen organizado como por la proliferación de los casos de “gatillo fácil”. Pero es evidente que sin avanzar en un desmantelamiento de la Bonaerense no hay posibilidades de terminar con el crimen organizado. Ni tampoco es posible terminar con la inseguridad profundizando el ajuste que, como veremos más adelante, se recrudece no solo de la mano de Milei sino también de Kicillof.

Este reforzamiento de la policía que Kicillof garantiza tiene como correlato un recrudecimiento de su política represiva. Es lo que se vio recientemente en Moreno, con la represión a los trabajadores municipales y luego a los familiares y vecinos de los trabajadores de Rappi, que justamente protestaban ante el asesinato de un repartidor. Kicillof militarizó en 2024 la fábrica Bridgestone, con el objetivo de intimidar a los trabajadores del Sutna que enfrentaban 400 despidos de la patronal multinacional. Fue también la Bonaerense de Kicillof la que impidió que se realice un acampe de las organizaciones piqueteras en La Matanza en diciembre pasado. Más atrás, en 2020, el gobierno provincial y su policía desalojaron a miles de familias en Guernica para defender la instalación de un country.

Ajuste a los trabajadores

Kicillof sostuvo en reiteradas ocasiones que no descargaría el brutal recorte de fondos que el gobierno nacional realizó contra las gobernaciones provinciales en las espaldas del pueblo bonaerense. Sin embargo, lo cierto es que Kicillof ha puesto a andar su propia “motosierra” en detrimento de los trabajadores. No sólo eso, sino que en el marco de ese ajuste contra los trabajadores ha premiado a los sectores más concentrados del capital que operan en la provincia.

Un breve pantallazo de la situación salarial de los trabajadores docentes y estatales de la provincia de Buenos Aires echa luz sobre la magnitud del ajuste. De conjunto, los salarios reales han perdido en el último año un 22,4% y las jubilaciones un 18%. Pero los números absolutos son aún más dramáticos, pues la pérdida relativa se produjo sobre salarios muy bajos. En febrero una maestra de grado con diez años de antigüedad cobró 662 mil pesos de bolsillo. Ni siquiera con un doble cargo una maestra logra alcanzar el costo de la canasta familiar que, según la Junta Interna de ATE Indec, en noviembre de 2024, estaba en $1.547.169. Los paros de la docencia bonaerense, enfrentando esta situación, han sido castigados por Kicillof con descuentos y poniendo faltas “injustificadas” a las trabajadoras, mostrando la faceta “libertaria” del gobernador “nacional y popular”. Peor aún que los salarios docentes son los salarios de los auxiliares de escuela, que cobran salarios de 500 mil pesos. Y en una situación similar se encuentran los estatales provinciales encuadrados en la Ley 10.430. Como se ve, ya no simplemente hablamos de salarios de pobreza sino de ingresos que acercan a los trabajadores a la indigencia si es que no están complementados con una mayor sobrecarga laboral. Y quienes son un sostén fundamental de los hospitales públicos bonaerenses, los residentes, padecen una superexplotación inhumana, con guardias semanales de 36 horas, y salarios que tampoco cubren el costo de la canasta familiar. Junto a la caída del poder de compra de los salarios y las jubilaciones dependientes del IPS, los trabajadores y jubilados padecen el crecimiento y la proliferación de los aranceles (copagos) de las prestaciones de IOMA.

Un reflejo claro de la crisis y el desfinanciamiento del sistema educativo es la situación calamitosa de las escuelas, lo que es sistemáticamente denunciado por docentes y estudiantes. Por el lado del sistema sanitario, los hospitales bonaerenses se encuentran derruidos por el abandono y el desfinanciamiento del Estado provincial. A esto hay que sumarle el golpe al Posadas, que si bien depende del Estado nacional juega un papel clave en la atención sanitaria en todo el oeste del Gran Buenos Aires. Kicillof avanzó en un completo vaciamiento del Instituto Biológico “Dr. Tomás Perón” donde se producían insumos clave para el sistema público de salud como vacunas, test de diagnóstico de Covid y sueros. Pero todo este desguace tiene como correlato la apertura al ingreso del capital privado en el sistema de salud provincial, con el impulso del gobierno de dos empresas “sociedad anónima”: una emergencia en salud y la otra un laboratorio de medicamentos. Ambas iniciativas ya cuentan con media sanción en la legislatura provincial.

Premios al capital

Pero mientras no hay fondos y recursos para los salarios, la salud y la educación, sí los hay para el capital financiero que especula con la deuda provincial, el capital agrario, o para las grandes patronales que operan en la provincia. Esta orientación quedó nuevamente en evidencia en los proyectos de presupuesto y ley fiscal impositiva para 2025. Aunque la oposición bloqueó la aprobación de ambos proyectos, en busca de partidas para los municipios que gobierna la oposición, el simple análisis de ambas leyes alcanza para juzgar al gobierno por “grado de tentativa”. El violento contraste entre los beneficios al capital y el ajuste a los trabajadores termina por clarificar la orientación social del gobierno de Kicillof.

El pago de los intereses de la deuda provincial es un canal por donde se drena gran parte de la riqueza de la provincia. Hay que tener en cuenta que de una deuda total superior a los 11 mil millones de dólares, de la cual cerca del 83% está nominada en moneda extranjera, el gobierno deberá afrontar vencimientos por el orden de los 1.300 millones de dólares en 2025, el 70% de los cuales son intereses. Este tributo al capital financiero es lo que explica el pedido de endeudamiento por 2 mil millones de dólares planteado en el presupuesto 2025.

A su vez, el gobierno provincial viene de premiar a la burguesía agraria, con una reducción de hasta un 15% del impuesto al inmobiliario rural para aquellos que paguen en forma anticipada la totalidad del gravamen anual. El propio gobierno admitió que “la carga impositiva del Impuesto Inmobiliario rural se redujo un 16,3% en total entre 2019 y 2024”. Hay que tener en cuenta que de las 30,7 millones de hectáreas con las que cuenta la provincia de Buenos Aires, unas 23,7 millones son parte de la superficie rural en la que se distribuyen 36.700 explotaciones agropecuarias. Pero solo el 16% de las explotaciones agropecuarias, unos pocos miles de terratenientes, controlan el 66,5% de la superficie, todas con más de 1.000 hectáreas. Este sector, que concentra las más productivas tierras bonaerenses, paga gravámenes irrisorios.

Durante el año pasado el gobierno aprobó el “Rigi bonaerense” , que garantiza exenciones impositivas de hasta 15 años para las inversiones superiores a los 5 millones de dólares, mientras que las empresas que inviertan más de 200 millones de dólares podrán recibir exenciones impositivas tanto a nivel provincial como nacional. Según lo admitió el propio ministro de producción bonaerense, Augusto Costa, el Rigi de Kicillof fue creado “a imagen y semejanza de las garantías de continuidad jurídica de los beneficios del Rigi nacional”. La legislatura también se sancionó la Ley audiovisual, que establece un régimen de exenciones especial para las grandes empresas del sector, incluso multinacionales.

Rechazar la estafa, organizar la lucha y construir una alternativa

El tren fantasma que acompañó el lanzamiento de Kicillof merecería un desarrollo particular, pues allí están los barones del conurbano y la burocracia sindical que ha jugado un papel decisivo en la entrega de todas las reivindicaciones obreras. En forma inconsulta han colocado a las organizaciones sindicales al servicio de un armado político patronal, ajeno a los intereses de los trabajadores. No nos referimos sólo a los Daer, los Acuña, los Gerardo Martinez o a los Andrés Rodríguez, sino también a las direcciones de Suteba y ATE, que en nombre de no horadar al gobierno Kicillof, que sería un “escudo” contra Milei, boicotean y carnerean las luchas de los trabajadores de la provincia. Reproducen, de esta manera, la misma política que pavimentó el camino para el ascenso de Milei. Es necesario repetirlo hasta el hartazgo: la lucha por las reivindicaciones obreras es funcional a la clase obrera, sacrificarlas en nombre de la defensa de Kicillof no hace más que tributar a la derecha libertaria.

Es necesario impulsar la lucha en defensa de todas las reivindicaciones obreras, populares y democráticas contra todos los gobiernos de turno, incluido, naturalmente, el de Kicillof. Y construir, metódicamente, una alternativa política obrera y socialista en la provincia y en todo el país.

En Buenos Aires, los docentes paramos con los Sutebas Multicolores

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