01/10/2020

El plan de vivienda de Kicillof, rematar las tierras ociosas de la provincia

Al servicio de los especuladores y capitalistas.

El martes 29 el gobernador Axel Kicillof anunció el Plan Bonaerense de Suelo, Vivienda y Hábitat 2020-2023, para “poner en marcha un proceso de solución” a la crítica situación de déficit habitacional que alcanza a 1,2 millones de familias en la provincia. Esto, a horas del desalojo programado de las 2.500 familias de la toma de Guernica, que fue nuevamente derrotado.

Este plan consta de la conformación de la Unidad Provincial de Tierra y Vivienda, que creará un Registro Provincial de Suelo Urbano porque “no se sabe qué parte del suelo pertenece a la propiedad de la provincia de Buenos Aires”. Apuntará a la “generación de tierra urbana”, según las declaraciones de Kicillof.

Los números precisados por el gobernador para los próximos tres años son: 49.551 viviendas, entre ellas 33.600 nuevas, 9.738 reactivadas y 6.213 por Procrear. Es decir que que solo responde a un 3% del déficit provincial, -descontando los créditos Procrear que son inaccesibles al 50% de la población bonaerense que se encuentra por debajo de la línea de pobreza. Por otro lado, el gobierno ha presentado como “gigantesco” un presupuesto en pesos de aquí a tres años, en medio de una espiral inflacionaria y en la vísperas de una devaluación.

¿Cuál es el eje central del Plan?

Kicillof planteó la necesidad de dar una respuesta “multidimensional” al problema del hábitat mediante la “generación de tierra urbana”. Los lineamientos estratégicos del nuevo plan están ligados al Plan Nacional de  Suelos, al que la provincia adhirió el mes pasado, y apuntan a un “reordenamiento territorial” con la idea de  “aprovechar los terrenos del Estado” e “ir definiendo qué emprendimiento para qué lugar” (en palabras de Martín Cosentino, titular de la AABE, Télam 25/7), mediante una “adecuada regulación del mercado de suelo” para bajar los valores del suelo y garantizar una mayor accesibilidad al suelo urbano, particularmente, para “darle más oportunidades al sector productivo para producciones de características intensivas”, según Luis Basterra, ministro de Agricultura (ídem).

En este sentido el gobierno, con la excusa de la “reactivación” productiva y de que “existen en muchos casos emprendimientos que tienen limitada su capacidad de expansión… por no poseer tierras propias”, apuntará a urbanizar terrenos con infraestructura para rematarlos a precios más bajos a beneficio del capital industrial y agropecuario, contando para ello con mano de obra ultra precarizada sin convenio y bajo planes sociales que proveerán las organizaciones sociales. El Estado facilitará así “la radicación de emprendimientos privados utilizando tierras públicas” (ídem).

Para ello conformarán un Gabinete de Tierras encabezado por el titular de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, e integrado por Basterra, la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, Eugenia Bielsa, de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, la titular de Anses, Fernanda Raverta, y el titular de la Unidad de gabinete de Asesores del Ministerio de Desarrollo Productivo, Alejandro Sehtman y Cavo. Los antecedentes de enajenación de terrenos fiscales por parte de la AAEB en favor de los grandes especuladores inmobiliarios en la Ciudad de Buenos Aires sirven, a modo de ejemplo, para clarificar la orientación del nuevo plan.

El gobierno nacional pisó el acelerador en el último mes para avanzar con la adhesión de las provincias e intendencias a este plan, preocupados por la nueva ola de tomas que han ocupado áreas periféricas de las grandes urbes y que constituyen un bloqueo a los negocios capitalistas. La recuperación de tierras de Guernica, por ejemplo, choca con un proyecto de barrio exclusivo que defiende la intendenta de Presidente Perón, Blanca Cantero, y el gobernador de la provincia.

Queda claro de quiénes son los derechos que el gobernador pretende defender cuando quería “dejar en claro que por más que muchos bonaerenses tengan necesidad de vivienda, no significa que se pueda resolver avasallando el derecho de los demás”. Las consecuencias del nuevo plan profundizarán la brecha entre un mayor acaparamiento de suelo por parte de los capitalistas y su consecuente aumento de los valores de propiedades y alquileres, con un aumento del déficit habitacional que actualmente afecta a más de un millón de familias trabajadoras en la provincia.

Los intereses del gobierno y los del pueblo trabajador

El gobierno provincial, como el nacional, buscan avanzar en la venta de tierras ociosas para recaudar en función de sus compromisos de pago de deuda con los bonistas y el FMI, avasallando los derechos del pueblo trabajador. La “facilitación de acceso al suelo urbano y la vivienda” que pregona el gobierno no es más que una farsa, cuando ni siquiera cumplen con la Ley 14.449 de Acceso Justo al Hábitat que argumenta la propuesta de las familias de Guernica, y que Kicillof se rehúsa a tomar para no afectar el 10% de las tierras de un barrio privado de 361 hectáreas.

Como dijo el gobernador, “si no hay respuesta… la verdad que esta situación es explosiva”. Planteamos que se atiendan los reclamos de las y los vecinos de Guernica, de forma urgente. La derogación de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, agente inmobiliario de los gobiernos de turno. La creación de un banco de tierras con destino exclusivo para la construcción de viviendas populares, no para los especuladores, a la par de un relevamiento de investigación de la entrega de tierras públicas a grandes empresas inmobiliarias. Un impuesto progresivo a la vivienda ociosa y la entrega en comodato a los jubilados. Que se expropien las tierras ociosas para su utilización en la construcción de viviendas. La suspensión de todo los desalojos a familias sin vivienda. Un plan de viviendas populares y de urbanización, con trabajo genuino y bajo convenio, y con la participación de los trabajadores desocupados de la zona en conflicto.

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