Concluye una semana caliente. Mientras el mundo veía la celebración de la bolsa de Wall Street por la asunción de Joe Biden como presidente de Estados Unidos, en la ilusión de que podrá ofrecer una salida a la crisis brutal del imperialismo yanqui, las acciones de las empresas argentinas se vinieron a pique. Es un botón de muestra de las perspectivas del mercado para nuestro país. El terremoto de San Juan puede quedar chico ante los nubarrones negros que se avizoran en el horizonte social de la Argentina.

Si Alberto Fernández se apuró a congraciarse con el nuevo mandatario norteamericano, nadie debería esperanzarse demasiado de que ello redunde en algún trato beneficioso, ni siquiera en lo que atañe a las exigencias del FMI para llegar a un acuerdo. Al fin y a cabo, el triunfo electoral de Biden fue la gran apuesta de los mismos bonistas que desplumaron al gobierno en las negociaciones por el canje de la deuda externa, y su mandato se traza como objetivo estratégico recuperar la posición indiscutida de Estados Unidos como principal potencia imperialista.

De hecho, si el gobierno argentino festejaba un crecimiento de 1.200 millones de dólares de las exhaustas reservas del Banco Central y deslizaba la posibilidad de patear un acuerdo con el Fondo para después de las elecciones, rápidamente se chocó contra la pared. Desde el vamos, esa precaria recuperación -que lejos está de poner fin a la corrida cambiaria- depende de mantener planchadas las importaciones, por lo que su precio es una profundización de la recesión industrial. La prórroga del presunto decreto antidespidos volverá a quedar en ridículo ante el parate productivo y la consecuente ofensiva patronal.

La crisis de YPF en primera plana, tras la renuncia de Guillermo Nielsen a su presidencia en plena renegociación de una deuda fabulosa de 6.600 millones de dólares, replantea el cuadro de quebranto en que se encuentra el país y las contradicciones de una política económica que teme liberar las tarifas en un cuadro de aceleración inflacionaria pero se ve obligado a recortar subsidios para cumplir con sus metas de ajuste fiscal. Por lo demás, Martín Guzmán no cuenta con las divisas para pagar los vencimientos de este año, mientras la mayoría de las provincias no logra canjear su deuda y las que lo hicieron fue a costa de concesiones leoninas.

El dato publicado por el Indec de que los productos de primera necesidad aumentaron sus precios muy por encima de la inflación muestra que el único ancla del libreto oficial es la desindexación de los salarios. Mientras que el IPC mostró una variación del 36,1% para todo 2020, la canasta básica total (línea de pobreza) para una familia tipo subió 39,1%, mientras que la canasta básica alimentaria (línea de indigencia) lo hizo un 45,5%, y supera el misérrimo salario mínimo fijado por el Estado. A su vez, el sismo de San Juan volvió a evidenciar lo que colocaran en la agenda nacional las ocupaciones de tierra como la de Guernica: que el país entero padece un déficit habitacional generalizado.

El cuadro de empobrecimiento general de los trabajadores se combina con el fracaso sanitario en toda la línea. Luego de asistir impávido al crecimiento de los casos de coronavirus, los gobiernos nacional y provinciales respiran aliviados por el amesetamiento de la curva de contagios. Pero lo cierto es que aquella se mantiene en un nivel altísimo, mientras el operativo de vacunación avanza a paso de tortuga: apenas 250.000 aplicaciones (medias dosis) en cerca de un mes. A este paso, incluso si llegaran las dosis que promete el gobierno, tardarían nada menos que 13 años en aplicarlas.

En este contexto es que quiere imponerse a la comunidad educativa la vuelta a las clases presenciales, sin garantías de ningún tipo. Sin vacunas ni escuelas en condiciones, se ha desplegado un feroz ofensiva mediática para responsabilizar a la docencia por otro gran fracaso, el educativo. Desde el ministro Nicolás Trotta hasta la represora y presidenta del PRO Patricia Bullrich, se ha concertado un frente único para cargar a los trabajadores de la educación la factura de la desastrosa virtualidad impuesta sin asistencia alguna, ni a estudiantes ni a docentes, para sortear los problemas de conectividad. En sintonía actúan el larretismo porteño y el kirchnerismo bonaerense.

Las prioridades presupuestarias del gobierno están orientadas a los deberes que exige el FMI, y con lo que sobra prefieren fortalecer a las fuerzas represivas. Es lo hace Alberto Fernández aumentando un 30% las partidas para los servicios de inteligencia, o Kicillof otorgando a la policía y el servicio penitenciario los incrementos que niega a estatales, docentes y trabajadores de la salud. Los tiempos de ajuste que se vienen plantean en los despachos oficiales el temor a la reacción popular que pueda desatar.

La vuelta a las clases presenciales actuaría como acta de defunción de cualquier restricción para contener los contagios. La virtualidad quedaría así reducida a aquellos casos en los que ofrezca alguna ventaja a las patronales para quebrar los derechos laborales. Es lo que consagra la reglamentación parcial de la ley de teletrabajo, que entre un mar de ambigüedades deja el derecho a la desconexión a voluntad de la patronal e incita a la tercerización laboral, y ni siquiera obliga a las empresas a proveer las herramientas de trabajo necesarias. Son algunos aspectos de un remedio que es peor que la enfermedad.

Lo único que queda de las restricciones es la persecución a la protesta. El gobierno formoseño de Gildo Insfrán fue noticia en los medios por llegar al extremo de apresar a dos concejalas opositoras en plena concentración frente a una de las escuelas que funcionan como centros de aislamiento, los cuales fueron revelados como verdaderos espacios de hacinamiento de personas con Covid-19 junto a otras sanas o a la espera de los resultados de sus hisopados. El gobernador, un verdadero patrón de estancia, se vale de este estado policial para reprimir a las comunidades originarias y a los trabajadores que expresan sus reclamos. Los radicales que se desgarraron las vestiduras ante estos atropellos no pueden disimular que Morales en Jujuy o Suárez en Mendoza se valen de los mismos atropellos contra la población.

Si faltaba algo para completar un panorama lúgubre, tenemos la triste estadística de que en lo que va de enero ya se contabilizaron 23 femicidios en nuestro país, a razón de uno cada 22 horas. El dato vale por sí solo para refutar la cínica afirmación de Alberto Fernández acerca del fin de patriarcado. La violencia hacia las mujeres es parte sustancial del régimen de explotación en que vivimos, del cual es Estado actúa como garante. Por eso incapaz, siquiera, de brindar protección o asistencia incluso a aquellas que recurren a él a radicar una denuncia, a las cuales revictimiza. La salida pasa por la lucha y la organización independiente de las mujeres y diversidades sexuales, que es el camino por el cual se conquistó el aborto legal.

La salud, la educación y la economía nacional solo pueden revertir su debacle bajo la dirección de la clase obrera. Buen domingo.