Junto a la denunciante del cura Raúl Sidders, “Rocío”, y sus abogados patrocinantes Juan Pablo Gallego y Pía Garralda, además de otres referentes de la lucha contra la impunidad de los abusos eclesiásticos como Julieta Añazco (miembro de Iglesia Sin Abusos) y Enrique Stola (psiquiatra de sobrevivientes) la diputada nacional del Partido Obrero en el Frente de Izquierda, Romina Del Plá, convoca a una audiencia pública para el próximo lunes 30 a las 14:00 vía Zoom.

En primer lugar, esta instancia será un refuerzo en la campaña para exigir justicia en la causa judicial contra el mencionado párroco. Es una lucha que comenzó tras la enorme difusión cobraron los testimonios de jóvenes que cursaron su secundaria en el colegio San Vicente de Paul de La Plata acerca de la discriminación, los acosos y abusos a los que sistemáticamente los sometió el cura a cargo del establecimiento, Raúl Anatoly Sidders, durante casi dos décadas. Luego de la viralización de la publicación de Prensa Obrera comenzó un proceso de organización de alumnes, exalumnes, familiares y docentes junto a organizaciones de mujeres y de lucha contra los abusos eclesiásticos. Con ese respaldo, “Rocío” radicó su denuncia penal en la Justicia.

El caso puso de manifiesto el accionar de la Iglesia Católica para garantizar la impunidad, especialmente por la contraofensiva impulsada por el arzobispo platense Víctor “Tucho” Fernández, mano derecha del mismísimo Jorge Bergoglio, quien buscó intimidar a nuestro medio con cartas documento y buscó negar las acusaciones desde la dirección del colegio. Pero, más profundo aún, reveló la total ausencia de control estatal sobre lo que sucede en las escuelas confesionales. Otro testimonio de que la Iglesia opera como un Estado dentro del Estado.

Sidders es un exponente de ala más reaccionaria de esta institución, otrora ladero del ultramontano Monseñor Aguer. Fue condenado por el Inadi por sus ataques al movimiento de mujeres desde su programa televisivo en un canal local, y reivindicaba en clase a los genocidas de la dictadura. Cumplió funciones como capellán de Gendarmería, y ante las versiones de que había sido designado nuevamente en el Escuadrón XIII, de Iguazú, Romina Del Plá presentó un pedido de informes al Ministerio de Seguridad para dar cuenta de su situación, pero la cartera que conduce Sabina Frederic evitó responder hasta el momento.

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La necesidad de seguir impulsando esta lucha contra el encubrimiento volvió a manifestarse en la escandaloso cierre de la causa que investigaba a los abusadores del Instituto Provolo para niños hipoacúsicos de La Plata, luego de que el Tribunal de Casación Penal bonaerense la declarara prescripta. Esto cuando fueron probadas algunas de la aberraciones perpetradas contra menores de edad, como también sucediera en la otra sede del mismo instituto en Mendoza, en el Collegium de Córdoba, o en distintos establecimientos de la red Fasta. Es evidente que no son casos aislados, sino recurrentes en una institución corrompida hasta la médula y sostén ideológico de la opresión de género.

La declaración de prescripción es grave, ya que son numerosos los clérigos hoy presos que recurren a esta figura para buscar ser absueltos a pesar de haber sido corroboradas sus atrocidades, o cuando hay en trámite decenas de causas y denuncias por abusos eclesiásticos. Es lo que sucede con los sacerdotes José Carlos Aguilera y Eduardo Lamas en Salta, o de Moisés Pachado en Catamarca.

El propio “Tucho” Fernández ya había defendido incluso a pesar de las pruebas al abusador Eduardo Lorenzo. Es una política de toda la institución, como se patentizó nuevamente cuando trascendió que el propio Papa Francisco recomendó no denunciar a un joven que había sido víctima de abuso en las cercanías de la capital entrerriana, por parte del párroco José Francisco Decuyper, quien además es su propio tío. Sergio Decuyper realizó de todas formas la presentación judicial, pero claramente debió sobreponerse a las presiones del Vaticano. La trama de impunidad llega hasta lo más alto de la cúpula clerical.

Con todo, es innegable que existe también un proceso de organización. En ocasión del reciente día mundial contra los abusos en la infancia se realizaron acciones en distintos puntos de la Argentina. Por otro lado, fue clave la movilización de los vecinos de la localidad jujeña de El Carmen en la detención del cura Ricardo Oscar “Coco” Quiroga, tras perpetrar un abuso con acceso carnal a una niña de diez años, a fines de octubre. La experiencia de quienes impulsan que se juzgue a Sidders es un ejemplo de cómo les sobrevivientes superan el amedrentamiento gracias reclamo colectivo. Esta audiencia pública pretende ser una instancia de reagrupamiento para seguir impulsando este proceso de organización para quebrar los operativos de impunidad.

Esta lucha plantea, como horizonte, la necesidad de separar definitivamente a la Iglesia del Estado. Ello implica quebrar la injerencia del clero, lo que bajo este gobierno cobra una forma muy concreta: el Secretario de Asuntos Estratégicos Gustavo Béliz acaba de ser nombrado integrante de la Academia Pontificia, que se suma a las concesiones clericales del ministro de Educación Nicolás Trotta, todo lo cual forma parte del entronizamiento de la Iglesia como factor de contención política ante la creciente crisis social.

El reclamo popular por separar a la Iglesia del poder público emerge también de la gran batalla que tiene planteada el imponente movimiento de la Ola Verde por el aborto legal, y la educación sexual en las escuelas, cuyo triunfo requiere derrotar la ofensiva clerical que buscará nuevamente bloquear su sanción en el Congreso. La audiencia pública organizada por la banca del Frente de Izquierda se inscribe en estos desafíos.

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