La Plata: el intendente Garro vuelve a la carga por el Código Represivo y va por las Taser

Pongamos en pie una gran campaña contra la avanzada represiva del municipio.

El pasado viernes 16 la Comisión de Seguridad Pública y Derechos Humanos del Consejo Deliberante retomó el tratamiento del anteproyecto del Código de Convivencia  Ciudadana presentado por el intendente cambista en 2018. Una semana atrás, el mismo había elevado un proyecto al órgano legislativo municipal para la utilización de pistolas Taser por parte de la policía local.

Por un lado, la propuesta de Código de Convivencia apunta a formular un nuevo código contravencional que bajo el argumento de “preservar el espacio público como un patrimonio comunitario a través de tres ejes: el respeto social, el cuidado del medio ambiente y la salubridad pública» apuntará a castigar principalmente la venta callejera, la actividad política y el ejercicio de la prostitución. Los castigos van de multas económicas que pueden llegar a los 350 mil pesos hasta arrestos express por parte de la policía local.

Por el otro, con el argumento de que los policías no deban elegir entre “la vida o la muerte” en su defensa frente a un hecho delictivo, presentó un proyecto de compra de pistolas Taser para el uso de la policía local. La justificación que ofrece Garro confiesa la intención de dar vía libre a un mayor abuso de la autoridad policíaca con otro tipo de armas que el intendente considera “menos letales”. Sin embargo, estas armas de electrochoque pueden causar severos daños cerebrales y hasta correr el riesgo de muerte.

 Estas propuestas apuntan a fortalecer el aparato represivo en las calles platenses. El intendente cambista no sólo pretende dotar de “armas inteligentes” a la policía local, sino además “blindar” de impunidad su accionar. El nuevo código propone severas multas y/o arrestos de hasta 30 días  para quienes “obstaculicen, perturben o impidan” el ejercicio del poder de la policía municipal, cuando justamente el rechazo de vecinos y transeúntes es lo que impide el abuso en plena vía pública contra manteros, militantes o jóvenes perseguidos por “portación de rostro”.  De hecho, en 2018,  fuentes oficiales aseguraban que el objetivo del nuevo código es “recuperar el poder de policía de la Justicia de Faltas municipal”.

 A su vez, pretenden lavarse la cara multando el acoso callejero (si lo implementan alguna vez…) mientras apuntan a una regimentación mayor de la comunidad LGTB+ castigando el ejercicio o consumo de la prostitución que muchas veces termina siendo su último recurso de supervivencia. Estos castigos serán una herramienta discrecional más en manos de la policía local y el Estado que es cómplice del accionar de proxenetas y explotadores de las redes de trata.

 Garro ha retomado esta campaña como respuesta a la profunda crisis social en curso. El interés que el intendente expresa en los medios regionales porque estas medidas sean aprobadas en diciembre tiene por objetivo el poder enfrentar abiertamente el copamiento creciente de las avenidas y plazas céntricas por las movilizaciones populares y la venta callejera, e imponer el ajuste como salida a la quiebra del municipio y la provincia. Así, la única respuesta del municipio a las problemáticas de una región con una desocupación que supera el 11%, y un déficit habitacional que alcanza a 200mil personas, es la represión.

Para acelerar el tratamiento, Romina Cayón presidenta de la comisión y concejal de Juntos por el Cambio, propuso un organigrama de reuniones e incorporó a la comisión a la secretaria de Convivencia y Control Ciudadano Virginia Pérez Cattaneo y al Director de Asuntos Administrativos Fernando Bdair, para dar respuesta al pedido del Frente de Todos que en 2018 sólo criticaba la “informalidad” de la presentación del proyecto y la falta de funcionarios del ejecutivo a la hora del tratamiento.

El peronismo hasta el momento ha mantenido un silencio cómplice. No es de extrañar de quienes forman parte del gobierno nacional cuya ministra de seguridad, Sabina Frederic, apoya el uso de las Taser, o del gobierno provincial, que sigue sosteniendo a Berni a pesar de su responsabilidad política en la desaparición seguida de muerte de Facundo y quienes mantienen viva la amenaza de un violento desalojo a las familias sin techo de Guernica.

Desde el Partido Obrero llamamos a poner en pie una fuerte campaña de agitación y movilización callejera desde las organizaciones sociales, de derechos humanos, sindicales, centro de estudiantes y políticas, para derrotar esta avanzada represiva del intendente Julio Garro y sus cómplices. Abajo el Código represivo!  No a la compra y uso de pistolas Taser! No a los desalojos. Basta de impunidad y represión. Basta de gatillo fácil. Justicia por Facundo Castro. Fuera Berni.

 

 

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