Vilma Ibarra, la secretaria Legal y Técnica, acaba de anunciar en los medios que presentará el proyecto del aborto en noviembre para ser tratado en sesiones extraordinarias. Luego de postergar sin fecha su presentación, que había sido comprometida para antes del inicio de la cuarentena, y cuando los anuncios de organizaciones, incluso ligadas al gobierno, comenzaban a augurar el regreso a las calles para conquistar el aborto legal, se produjo finalmente el anuncio.

El gobierno se negó a colocar el proyecto durante estos meses planteando que “era un tema que dividía a la sociedad” y que “el ministerio de Salud necesitaba estar liberado del peso de la atención del tema Covid para poder avanzar”. Estos argumentos fueron asumidos como propios por una parte de la conducción de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, que se mantuvo sin accionar durante todo el año. No debe extrañar esta actitud ya que buena parte de sus componentes fueron cooptados por el Estado en puestos de todo tipo.

Sin embargo, la realidad es que el gobierno eligió tratar temas que dividen a la sociedad, pero no este en particular, porque sus aliades clericales buscaron dilatar el tratamiento a la espera de que algún otro escenario político pudiera sepultarlo. Por otra parte la legalización del aborto cumple un efecto justamente de alivio sobre el sistema de salud, permitiendo que las 50 mil mujeres que ingresan al sistema como fruto de complicaciones por abortos clandestinos disminuyan con la atención del aborto de manera adecuada en el sistema de salud, por lo tanto lo desestresa.

Antes de la reunión con Sergio Massa, que fuera dos veces suspendida por el titular de la Cámara de Diputados, algunos sectores de regionales de la Campaña salieron a manifestarse, advirtiendo así que lo que había sido una promesa de campaña podía volverse nuevamente una imposición popular a través de la movilización, el único factor que colocó a este tema en el tope de la agenda política. Por su parte, desde la izquierda y el Plenario de Trabajadoras habíamos protagonizado múltiples acciones en torno al 28 de septiembre llamando a retomar el camino de la movilización.

Durante estos ocho meses de demora en la presentación del proyecto, los ministerios de las mujeres de la provincia de Buenos Aires y de Nación no abrieron la boca sobre esta reivindicación tan sentida, dejaron pasar la ausencia de Educación Sexual Integral y solo aparecieron para anunciar que preparan una comisión para dentro de ¡8 meses! para presentar un proyecto sobre políticas de “cuidados”, un proyecto incompatible con la orientación general del gobierno de no gastar un peso más que para asistir a los sectores patronales y para pagar la deuda.

En estos tiempos no se hubiera llegado a este tratamiento sin esa movilización, porque la tendencia internacional incluida la de los gobiernos de signo político similar al de Alberto Fernández, es la de retroceder en estos derechos a manos de las iglesias que dominan escenarios políticos como fruto del soporte estatal que los gobiernos les dan desde hace años.

La amenaza de volver a las calles se coloca así como un condicionante final para el gobierno que hizo todo para dilatar esta presentación. El gobierno de Alberto Fernández reforzó durante toda la pandemia la posición de las iglesias frente al Estado. En la actualidad tiene una alianza tanto con el Vaticano como con la conducción de Aciera que, aunque vinculada también a otros espacios políticos, se llamó a silencio durante estos meses obteniendo a cambio puestos en el Estado, subsidios y una posición destacada en la asistencia a la pandemia.

Este vínculo reedita el que tuvieran Lula y Rousseff en Brasil que terminó siendo el germen de su propio fracaso gubernamental. Alberto Fernández no aprendió la lección y en busca del apoyo que necesita de las iglesias para imponer el ajuste fondomonetarista se encuentra reforzando variantes políticas que hacen del combate a la “ideología de género” y la defensa de la familia tradicional el eje de su organización.

Pero la batalla no está ganada aún. En primer lugar es preciso poder ver el proyecto gubernamental ya que estuvo guardado bajo cuatro llaves durante todo este tiempo. En él veremos si el principio defendido por Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad se repite a nivel nacional, garantizando a las iglesias que tendrán el derecho, como empresas de salud y educativas que son, a no impartir la defensa del aborto legal y a no practicarlo en sus clínicas, muchas de las cuales son las prestadoras de las principales obras sociales del país.

Otro de los sectores de presión frente a esta votación son los laboratorios. Beta, el gran beneficiado con la clandestinidad del aborto desde el gobierno de CFK hasta ahora, vende un medicamento reumático con composición de diclofenac y de misoprostol (que en bajas dosis funciona como protector gástrico) a 10 mil pesos y con el descuento del Pami a 3.700 pesos. Lo único que explica estos precios exorbitantes para dos drogas cuya producción es económica es la demanda del Oxaprost para el uso ginecológico clandestino y no clandestino. Mientras que bajo el gobierno de CFK se mantuvo prohibida la producción de misoprostol por resolución de Anmat este laboratorio no tuvo competencia, los hospitales públicos del país compraban Oxaprost a Beta para hacer prácticas que requirieron misoprostol, un escándalo médico ya que los profesionales debían raspar la capa externa del producto del laboratorio Beta para extraer dosis para inducir contracciones.

La Ola Verde forzó al gobierno de Macri a levantar la prohibición de producción y comercialización de misoprostol mediante resolución de Anmat. Sin embargo no hay disposición del gobierno a establecer la producción nacional de misoprostol, así como no existe esa disposición para producir otros medicamentos que permitiría abaratar fuertemente los costos de provisión de medicamentos que acarrea el sistema de salud estatal. La reclamada reducción de costos del estado por parte del FMI no incluye nunca el fin de los negociados privados sino su preservación a costa de dejar a trabajadores sin trabajo, o de rebajar los sueldos o de acceder a contrataciones precarias.

La pelea que viene será presentada por el gobierno como un choque entre la progresía y sectores ultramontanos clericales. El tratamiento fue pactado con la propia Iglesia Católica bajo el concepto expresado con el exembajador en el Vaticano y actual diputado Valdés de que el tema del aborto es “irreversible” luego de la movilización de 2018. Aún así, es el principal aliado internacional del gobierno en esta etapa, que apoyó todas las negociaciones con bonistas y con el FMI, hará su campaña contra el proyecto ya que los principales aliados gubernamentales y espadachines de Francisco fueron voceros de esta batalla contra este derecho, de la mano de curas que hacen política con la pobreza como Pepe Di Paola, el obispo Carrara y otros voceros como Juan Grabois, enemigos de los derechos de las mujeres con fachada de progresistas.

Este choque entre las facciones políticas de la burguesía será la primera y última disputa política en los próximos tiempos que tenga al gobierno en un campo progresista. El gobierno es impulsor y ejecutor de la rebaja de ingresos a los jubilados, cuando había prometido en campaña un aumento inmediato del 20% de esos ingresos, de los acuerdos leoninos con el FMI y con los bonistas, de una asistencia miserable para los desocupados bajo la pandemia. El gobierno y particularmente su facción más “progresista” es ante todo el desalojador de pobres en defensa del negociado inmobiliario. Y es también el gobierno que hasta mediados de año había dispuesto cero peso para la educación sexual integral, acompañando en esto la orientación de la iglesia católica en el sistema educativo. Es el gobierno que acompaña en silencio los abusos a menores al interior de la iglesia, el que no ejecutó un solo plan real contra los femicidios, el que se niega a disponer el aumento salarial de más de un millón de mujeres empleadas domésticas que cobran por debajo del salario mínimo y es el gobierno que junto a las burocracias sindicales aliadas garantiza la rebaja salarial para todos los trabajadores.

La agenda del aborto legal será el último cartucho de progresividad que tempranamente deberá gastar el gobierno que no pudo siquiera imponer un mínimo aporte a las grandes riquezas, aún cuando ese mismo “aporte” fuera devuelto a través de mecanismos que están establecidos en el propio presupuesto 2021.

La pelea por el aborto legal no se agota en la aprobación de la propia ley sino que deberá avanzar en su completa implementación. La fatalidad que debe soportar la iglesia con la aprobación de esta ley, si finalmente se concreta no debemos permitir que sea compensada por el gobierno otorgándoles más poder en el plano educativo, asistencial, jurídico y en la plano empresarial. Por eso no es indiferente conquistar una ley movilizadas que hacerlo delegando en un gobierno que abrazó esta causa apremiado por la movilización popular. La conquista del aborto a través de la movilización popular sigue siendo la llave fundamental.