El despliegue de las fuerzas represivas montado con el argumento de “hacer cumplir la cuarentena” y “asistir a los barrios populares” se ha demostrado como un operativo de control y disciplinamiento social que a su turno actúa para reprimir a las luchas populares y a la juventud. Esto se vio tempranamente con los obreros del frigorífico Penta, con la golpiza a un camionero en Madariaga, con el crimen de Luis Espinoza en Tucumán, pero ha tenido una escala de decenas de gatillos fácil que culmina en la desaparición forzosa de Facundo Astudillo Castro y hace pocas horas con una brutal represión en Córdoba contra los choferes de UTA. El argumento utilizado por la policía bonaerense, que en un principio señaló solo haber labrado un “acta de infracción” a Facundo, fue “no contar con el permiso necesario para circular”. Luego de ocultar los registros fotográficos durante días, se reveló una imagen donde Facundo se encuentra esposado al lado de un patrullero de la Bonaerense. El reclamo por la aparición con vida de Facundo encabezó la intervención de nuestra compañera Romina Del Plá en la reunión convocada por Alberto Fernández y debe ser llevada a cada rincón del país por todos los luchadores.

La policía bonaerense estuvo más de dos meses a cargo de la investigación de la cual ella misma aparece como la principal responsable de la desaparición de Facundo. Con el ministro “cristinista” Sergio Berni a la cabeza, la Bonaerense utilizó todo ese tiempo para desviar la investigación y ocultar las pruebas que pudiera incriminarla. Berni es responsable directo del comando de la política de “empoderamiento” de la policía bonaerense y por tanto del conjunto de los atropellos y asesinatos que este aparato descompuesto descarga contra los trabajadores y masas empobrecidas.

El gobernador Axel Kicillof otorgó el control del conjunto de la “fuerza” a Berni, lo que le costó la apertura de una crisis política con los intendentes por el control de la “seguridad” en cada uno de los distritos. Berni además chocó con el gabinete nacional por pedir el control de todas las fuerzas provinciales y federales, tras haber pactado un documento secreto con el ejército que dividió en varios comandos los 135 distritos bonaerenses. El reforzamiento de la figura de Berni -hoy ministro estrella de administración Kicillof- y de la Bonaerense por parte de la gobernación fue tomado al pie de la letra por la policía que ha desatado la persecución a jóvenes y trabajadores en toda la provincia.

Kicillof es responsable. Por el desmantelamiento de la Bonaerense

La policía bonaerense es un cáncer esparcido por toda la provincia de Buenos Aires, donde detrás de cada investigación y delito se encuentra involucrado un elemento de esta fuerza. El primer ejemplo de Berni y Kicillof fue la orden de “ejemplificar” con el despliegue represivo en las villas que se convertían en “focos de propagación del Covid-19”, como en Villa Azul. La provincia de Buenos Aires se encuentra inmersa en una crisis social y económica sin precedentes. La pobreza no baja hoy del 50% mientras que la indigencia es del 11%. Esta situación se agudiza con el cierre y los despidos masivos en los principales cordones industriales. La respuesta a la agudización de la crisis por parte del tándem Kicillof-Berni es aumentar la persecución y represión para intentar “contener” un posible estallido social.

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En la provincia de Buenos Aires solo en el mes de junio las fuerzas de seguridad se cobraron la vida de 18 personas. El 11 de junio, un efectivo de la policía bonaerense asesinó de un disparo a Lucas Verón, en González Catán (La Matanza). En el caso de Lucas, la autopsia confirmó que su muerte fue causada por un disparo de arma reglamentaria la policía bonaerense. Brandon Romero en Mar del Plata fue asesinado de varios disparos. En lo que se transformó en un replay de la masacre de San Miguel del Monte en San Nicolás murieron Ulises Rial y Ezequiel Corbalán, atropellados por un patrullero por haber “eludido un puesto de control”. En esta misma ciudad, gobernada por el clan Pasaglia desde hace tiempo, fue amenazada nuestra compañera Patricia González, dirigente del Partido Obrero local, con un mensaje que señalaba “comunistas de mierda, fuera del barrio, van a morir como perros todos juntos”. A esta realidad se suman el asesinato de Fernando Matías Leguizamón en Quilmes, Alexis Lucero en Moreno, Alan Maidana, en Berazategui y las torturas a dos jóvenes de 17 años llevadas adelante por miembros de Gendarmería en Villa La Cava, San Isidro. En la ciudad de Mercedes, la intendencia del camporista de Ustarroz declaró el “toque de queda” a partir de las seis de la tarde, lanzando una inusitada persecución en los barrios de la ciudad, por supuesto, con el argumento de “controlar los contagios”. Como se ve, la “doctrina Chocobar” y los mismos elementos de las fuerzas represivas del macrismo, continúa sin alteraciones bajo el gobierno de los Fernández.

Esta realidad, que se expresa en forma descarnada en la provincia de Buenos Aires, recorre todo el país. En Córdoba la policía de Schiaretti ingresó al barrio Estación Ferreyra disparando balas de goma, agrediendo a un joven menor de edad. Schiaretti desató la represión contra los trabajadores de la UTA porque reclamaban por el pago de salarios adeudados, apaleando trabajadores y asfixiando a un trabajador que ya se encontraba en el suelo sin poder respirar. Lo mismo se repite en varias provincias donde se multiplican denuncias de abusos policiales. En Chaco se repiten las persecuciones, torturas y abusos a las comunidades originarias, como sucedió el 31 de mayo cuando agentes de la policía de la provincia ingresaron violentamente y sin orden de allanamiento a varias casas del barrio Banderas Argentinas. Esos policías fueron liberados y la cúpula policial renunció “porque no se los repone en sus puestos” como lo hace habitualmente el poder político de esa provincia.

La represión sobre las luchas obreras, el abuso policial, el gatillo fácil no son ajenos a un reforzamiento del cuadro represivo. El agravamiento de la crisis económica y las consecuencias del acuerdo que se está por firmar con los buitres van a provocar mayores luchas y nuevas irrupciones de los trabajadores. La “mano dura”, el empoderamiento de la policía, la gendarmería, etc. y  el blanqueo de las fuerzas armadas a través de “operativos humanitarios” son un brazo del pacto social que ya está en marcha.

Frente a esta situación represiva crece la indignación popular y se desarrollan movilizaciones y reclamos de familiares y amigos junto con las organizaciones de derechos humanos, políticas y sociales que rechazan la represión y la persecución. La inmensa mayoría de los asesinatos y atropellos policiales tienen como destinatario a la juventud. No es casual que apunten al sector social más afectado por la crisis y que pelea por su futuro. Los pronunciamientos de diferentes organismos juveniles y estudiantiles se empiezan a reproducir en toda la provincia de Buenos Aires y en todo el país por la aparición con vida de Facundo Castro y por la cárcel a todos los policías involucrados en los asesinatos de Lucas Verón, Brandon Romero y todos los jóvenes víctimas del “gatillo fácil”. Como dijo Nora Cortiñas “fusilan jóvenes por violar la cuarentena”.

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En momentos donde la cooptación al Estado de diferentes organismos de derechos humanos comienza a resquebrajarse, más que nunca debemos continuar la lucha contra todos los atropellos de los gobiernos, que utilizan a la policía y al conjunto de las fuerzas represivas para reprimir a los trabajadores y a la juventud que sale a defender sus reclamos más elementales. El encuentro Memoria Verdad y Justicia, que reúne a los organismos de derechos humanos independientes de los gobiernos, realizará una movilización a las puertas de la Casa de la Provincia de Buenos Aires para exigir una reunión inmediata con Kicillof y presentarle los reclamos de aparición con vida de Facundo y por el juicio y castigo a todos los responsables de la “maldita policía” involucrados en los casos de gatillo fácil y persecuciones.

Rechazamos los argumentos gubernamentales de “los excesos de algunos elementos de las fuerzas”. Se trata de un intento de evadir la responsabilidad del conjunto del aparato represivo y de sus responsables políticos inmediatos. Berni es el responsable directo de cada atropello de la policía bonaerense. Por eso señalamos que este elemento con un largo prontuario de persecución a los trabajadores y a la juventud debe ser expulsado y se debe proceder al desmantelamiento de la policía bonaerense como primera medida para que cesen los atropellos, asesinatos y persecuciones perpetradas por esta “fuerza”. Llamamos a organizar colectivamente un plenario nacional contra la represión que unifique el conjunto de los reclamos y exigencias de los familiares y amigos de las víctimas de gatillo fácil, por la aparición con vida de Facundo Castro, por el juicio y castigo a cada uno de los responsables y por el cese de toda represión y persecución a los trabajadores. De esta manera, estaremos cobrando nueva fuerza para avanzar en esta lucha y todas las luchas que los trabajadores tenemos por delante para que la crisis la paguen los capitalistas.

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