Este viernes, Alberto Fernández dijo en la presentación del programa Construir Ciencia que no le van a torcer el brazo, en referencia a los grandes productores agropecuarios que dilatan la liquidación de la cosecha con la especulación de una devaluación del peso.

Pero en paralelo, sus funcionarios trabajaban en un esquema para “tentar” a esos grandes productores con un nuevo beneficio: reconocerles un tipo de cambio superior al oficial -entre un 30 y 40% por encima, según Clarín Rural. Esta variante ha empezado a ser denominada por los diarios como un “dólar soja”, y busca que ingresen divisas, en medio de una caída de las reservas del Banco Central que ya están en terreno negativo, como señala Sofía Hart en su análisis de las últimas medidas del gobierno frente a la corrida cambiaria (tipo de cambio preferencial para turistas extranjeros, límites a la operación con Cedear que suelen usarse para fugar capitales, etc.). El gobierno, que no puede ver más allá del corto plazo, busca aguantar hasta la primavera, cuando cree que quedará atrás el impacto dislocador de las importaciones energéticas.

El “dólar soja”, una virtual quita de las retenciones, doblaría el brazo del presidente, que ya nos ha acostumbrado a hacer declaraciones contra los “mercados” para hacer lo contrario después. Desde la propia campaña electoral, cuando dijo que iba a usar la plata de las Leliq para favorecer a los jubilados, y hoy esa bola asciende a los 6 billones de pesos, mientras los pasivos sufrieron un recorte de sus ingresos.

Pero hay más, porque el presidente también planteó que “la puja distributiva se vuelva en favor de los más necesitados”, mientras la ministra de Economía, Silvina Batakis, se tomaba un avión a Estados Unidos para hacer buena letra ante el imperialismo. Allí se verá con la titular del FMI, Kristalina Georgieva, quien ha planteado que en el segundo semestre la Argentina debe avanzar en un recorte real de las jubilaciones y todo el gasto público para cumplir con las metas del pacto; se verá también con funcionarios del Banco Mundial, inversores de Wall Street, y directivos de Google, Chevron, General Motors y Amazon (La Nación, 23/7).

Con el acuerdo con el FMI, al revés de la frase de Fernández, la desigualdad social y la pobreza se incrementarán. Mientras el gobierno ajusta a los sectores populares y dice que no hay plata para las reivindicaciones más básicas, la clase capitalista  encuentra los mecanismos para seguir enriqueciéndose. Mención especial merece la oposición de Juntos por el Cambio y los “libertarios”, que desfilan estos días por la muestra de la Sociedad Rural y presentan a los grandes hacendados poco menos que como los salvadores del país, cuando en realidad son los que se lo han apropiado.

Pero la calle se ha colocado en el centro de la escena política, como destaca Santi Nuñez en el editorial de esta semana de Prensa Obrera. Las grandes movilizaciones del movimiento piquetero, que lucha por trabajo genuino y contra el hambre, así lo demuestran. El agravamiento de la crisis ha empujado incluso a sectores del oficialismo, como la Utep, a movilizarse.

La CGT, después de varias semanas de deshojar la margarita, ha convocado a una movilización para el mes de agosto, pero que evitará deliberadamente la Casa Rosada. De un paro nacional, ni hablar.

En contraste con la burocracia, la Unidad Piquetera convoca a movilizarse el 27 de julio a Plaza de Mayo y todas las plazas del país, por un bono de emergencia de 20.000 pesos y un aumento que lleve el salario mínimo a 100.000 pesos, ante la escalada inflacionaria. Por trabajo genuino, por un plan de obras públicas y viviendas.

En los lugares de trabajo, también se producen aguerridas luchas por el salario, como la de los obreros del neumático, que ya han hecho 14 paros; la docencia universitaria; la docencia autoconvocada del interior; o los mineros de Cerro Moro, que estuvieron una semana de huelga en Puerto Deseado, Santa Cruz.

La clase trabajadora no quiere pagar la crisis que generaron la clase capitalista y sus partidos.

Buen domingo.

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