Las huelgas y reclamos populares van colocando en la agenda política nacional medidas imprescindibles frente a la crisis social y sanitaria que se viene, frente a un gobierno que tiene como prioridad garantizar el ajuste y cuyas medidas contra la pandemia son una aspirina para hacer frente a la oleada de la segunda ola.

Es lo que ocurrió con la huelga docente, masiva en capital y Gran Buenos Aires planteando la suspensión de las clases presenciales, en un momento en el cual el pico de contagios satura las terapias intensivas, y el gobierno venía aplicando una presencialidad escolar incompatible con los criterios epidemiológicos. Los docentes refutan a los funcionarios que sostienen contra toda evidencia que las escuelas no contagian: no solamente contagia la presencialidad escolar sin condiciones armada precariamente por el gobierno nacional y los provinciales, sino el movimiento en el transporte público, en el comercio, y en todos los planos, que la escolaridad promueve. Es decir que la huelga docente en el AMBA constituye una intervención de los trabajadores en defensa del interés popular general. Una tarea que sigue planteada en todo el país, no alcanzado por la suspensión de clases dispuesta para el área metropolitana.

Lo mismo ocurre, por supuesto, con la huelga de la salud de Neuquén. La misma está ganando la primera plana nacional, porque se ha recurrido en toda la provincia al corte de acceso a los yacimientos petroleros y las rutas provinciales. Es una reacción masiva contra el 15% de aumento salarial pactado entre el gobierno del MPN y la burocracia sindical de ATE y UPCN. Las asambleas y autoconvocatorias, con elección de delegados y las medidas de lucha contundentes, están colocando un problema que tiene un alcance nacional. Efectivamente, el deterioro salarial generalizado que recorre a la clase obrera argentina golpea especialmente a los trabajadores de la salud, que deben abordar la segunda ola de la pandemia con sus reclamos irresueltos.

Antes de Neuquén, fueron las huelgas del Hospital Garrahan, las movilizaciones en la Capital por el pase a la carrera profesional de enfermería, los reclamos en los hospitales de la provincia de Buenos Aires, en el Chaco y en todo el país. Argentina aborda una segunda ola de pandemia con un personal de salud agotado y trabajando, en muchos casos, precarizado y por salarios golpeados por la inflación.

O con el reclamo de los trabajadores de la clínica San Andrés, que vienen planteando la necesidad de reabrir y han propuesto al PAMI absorber el establecimiento. En función de ello, realizaron un acampe de un día en la Avenida Corrientes, para lograr una audiencia con la camporista Luana Volnovich que dirige la obra social y que se negó a recibirlos. El reclamo de la clínica coloca en agenda la situación de las 10 clínicas cerradas en plena pandemia en la provincia de Buenos Aires, mientras no alcanzan las camas en terapia intensiva.

Esta realidad se replica en las fábricas, donde se han producido huelgas contra el incumplimiento de los protocolos (Bridgestone) por parte de las patronales, o contra el intento de hacer incrementar los ritmos de trabajo sin cumplir con los protocolos, como ocurrió en la línea B de subterráneo, un sector que lleva ya 10 compañeros fallecidos por Covid.

El plenario realizado por la Coordinadora Sindical Clasista reunió más de 1.500 representantes destacados de todas estas luchas y dirigentes y delegados sindicales junto a 400 dirigentes del Polo Obrero, y trazó una ruta para intervenir en la etapa: organización en los lugares de trabajo, independencia de la burocracia sindical, frente único y unidad de ocupados y desocupados para enfrentar al gobierno y las patronales. El plenario votó una movilización frente al Consejo del Salario por $60.000 de Mínimo Vital y Móvil – hoy en un tercio de ese valor-, un planteo que comprende el interés de toda la clase obrera, ocupada y desocupada, en blanco y en negro, activa y jubilada, y que, desde luego, va acompañado de paritarias sin techo y por la lucha de conjunto por un salario equivalente a la canasta familiar en ocho horas de trabajo.

Ajuste y pandemia

Estos reclamos y estas acciones marcan la contracara de un gobierno cuyo eje es el ajuste y no el combate a la pandemia. Las limitadas medidas de restricción se anunciaron sin ninguna medida social de asistencia incluso cuando golpearán los ingresos de miles de trabajadores, empezando por los precarizados. El gobierno cuida la perspectiva de un acuerdo con el FMI, para el cual trabaja en bloque. Así, mientras el personal de salud tiene los sueldos congelados, el gobierno reclama poder utilizar los fondos que liberará el FMI para todos sus miembros en derechos especiales de giro para… el pago de las deudas con el mismo FMI. El pago de la deuda ya consumió más de 100.000 millones de pesos en intereses en lo que va del año, sin contar el cáncer de las Leliqs, la deuda cuasifiscal del Banco Central. Además de 313 millones de dólares al mismo FMI. El gobierno muestra su disposición a realizar un ajuste, con números en la mano ante Georgieva y antes la potencias imperialistas que Guzmán recorre en Europa mientras escalan las muertes en la Argentina. La reforma jubilatoria y el ajuste contra los salarios, en un contexto de alza de los precios de la soja, le permitieron a las cuentas públicas ganar aire a costa de los trabajadores.

Pero esta disposición no es suficiente. El FMI reclama nuevas “reformas estructurales” (laboral, previsional e impositiva) como contrapartida al plan de facilidades extendidas que pidió el gobierno de Fernández. Por su parte, EE.UU. ha hecho desfilar por la Argentina funcionarios de primer nivel, para encuadrar al país en la guerra comercial con China. El gobierno de Fernández cede; por ejemplo, acaba de colocar la nueva licitación de la hidrovía Paraná Paraguay bajo control de la OCDE, o sea, de los mismos EE.UU.

Las consecuencias de esta política de ajuste están a la vista. Más de la mitad del conurbano bajo la línea de pobreza y más del 60 por ciento de los niños en la misma condición. Nivel récord de desempleo. El salario en su piso histórico. Paritarias del 32% cuando la inflación superará cómodamente ese porcentaje. Un panorama social que se agravará si el gobierno cierra la actividad sin tomar las medidas de asistencia que corresponden: IFE de 40.000 pesos, apertura de cuentas de las empresas que cierren o despidan, garantía estatal de los salarios. Nuevamente en este terreno, son los reclamos populares los que marcan salida: la asistencia generalizada a los desocupados está en primer plano en las movilizaciones piqueteras.

Una salida contra el abismo al que nos llevan

Bajo estas condiciones políticas, el país marcha a un abismo sanitario. Los funcionarios colocan en futuro lo que está ocurriendo en el presente. Hablan de la posibilidad de saturación del sistema de salud, que ya está saturado en el AMBA y con muertes producto de no poder acceder a camas de terapia intensiva. Pero se cuidan de no intervenir en la salud privada, ni centralizar el sistema de salud, una medida que no anunció Fernández cuando la misma continúa con lucrativas operaciones programadas que podrían postergarse.

El gobierno se queda sin vacunas pero mantiene los acuerdos con AstraZeneca, que está exportando el principio activo de la vacuna que se produce en Garín y de las cuales no ha llegado ni una. El tibio reclamo frente a los funcionarios de Biden por las 5 millones de vacunas producidas en la Argentina y retenidas en los EE.UU. no está teniendo ningún resultado. El gobierno no responde a la propuesta del Frente de Izquierda de intervenir el laboratorio para ampliar la producción y convocar un comité de expertos de universidades y laboratorios nacionales para garantizar el envasado en la Argentina y poder vacunar al conjunto de la población. El FIT, por su parte, realizó un acto frente a la OMS reclamando la liberación de las patentes para que la vacunación deje de ser un negocio de los monopolios farmacéuticos y los Estados imperialistas que bloquea el acceso a la vacuna en la mayor parte del mundo. Como lo expresó el movimiento piquetero: sin vacunas, sin alimentos y sin trabajo, es el resultado de la política de alineamiento del gobierno con el Fondo y las patronales. El Plenario del Sindicalismo Combativo y el Frente de Lucha Piquetero convocan a movilización por $60.000 el día 27 de abril ante la reunión del Consejo del Salario Mínimo, una parada central para todo el movimiento obrero, ocupado y desocupado.

El Frente de Izquierda levanta un programa y una alternativa. El 1° de Mayo pondremos en pie una tribuna defendiendo la necesidad de una reorganización social de fondo para enfrentar la catástrofe, terminando con el pago de la deuda, y el sometimiento a las patronales y el imperialismo y aplicando todos los recursos del país a un plan integral para enfrentar la crisis social y sanitaria.