Este viernes 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y habrá expresiones de lucha en diferentes puntos del globo terráqueo. En la ciudad de Córdoba, la Asamblea Ni una Menos llama a movilizarse desde Colón y General Paz hasta Bv. San Juan y Vélez Sarsfield, a las 18 horas.

Al grito de “Ni una menos, el Estado y los gobiernos son responsables”, la convocatoria demanda el cese de los femicidios, transfemicidios y travesticidios y exige medidas inmediatas para combatir la violencia. No es para menos, las cifras son alarmantes: en octubre hubo un femicidio por día en Argentina; también son destacados los casos de intento de femicidios.

Córdoba no está al margen de la situación; sin ir más lejos, semanas atrás, en plena vía pública de la zona sur de la ciudad capital, Jorge Eduardo Brondo (65) asesinó con dos disparos en la cabeza a su expareja, Mariana Paola Polzoni (45), para luego suicidarse. No había denuncias previas, pero quienes conocían al matrimonio afirmaron que ella se separó por violencia. Dos niños se sumaron a los 189 que perdieron a sus madres por femicidios en el país durante 2022.

No obstante, de acuerdo al registro que realizó el observatorio Ahora que sí nos ven, el 65% de los femicidios de este año ocurrió en la vivienda de la víctima, lo que refleja que las mujeres están más expuestas a la violencia en sus hogares. Aquí se encuadra el femicidio de Blanca Ávila de 86 años, asesinada por su esposo, Alberto Atampis, de 85. El hombre, tras una discusión, la prendió fuego en la habitación; ocurrió el pasado 25 de octubre en la localidad de Obispo Trejo, en el departamento cordobés Río Primero.

Una semana antes, Olga Herrera (63) fue asesinada a puñaladas por su expareja, Daniel Vicente Barrera (71), luego de una discusión en la vía pública, cerca de la vivienda del hombre, en el barrio Ciudad de los Niños (Capital). La pareja llevaba diez años separada, pero ella frecuentaba la casa del femicida, dado que este vivía con uno de sus hijos.

“En muchos de los casos que relevamos en estos años hemos observado que las víctimas de violencia no pueden abandonar el hogar ya que no tienen recursos suficientes”, agrega el informe del observatorio, donde pone de relieve la brecha de género de ingresos que, según el INDEC, abarca el 27,7%. El análisis considera fundamental asegurar a las mujeres y LGBT las condiciones materiales para acceder al trabajo formal, la vivienda y la educación.

Sucede que la violencia física no es la única que se padece, la violencia económica es un factor determinante; los gobiernos condenan a las mujeres a los índices más altos de desocupación y precariedad laboral y las jubilaciones se encuentran por debajo del salario mínimo de indigencia. En este sentido, las pensiones y jubilaciones de la provincia perdieron, en términos reales, más de un cuarto de su poder de compra en los últimos seis años. Es decir, es el Estado el primero en violentar y desvalorizar una franja etaria compuesta por mayoría femenina.

Por otro lado, denunciar los hechos de violencia no es garantía de protección para la víctima, porque la falta de respuesta del Estado las coloca en un riesgo mayor. Lo demuestra el aberrante caso de violación grupal contra una joven de 25 años, ultrajada, golpeada y abandonada en las inmediaciones de Av. Circunvalación de la ciudad, en septiembre de este año. La víctima ya había sufrido ataques previos desde 2018 y su familia era constantemente hostigada por los delincuentes. Tenían radicadas 28 denuncias a lo largo de ese tiempo, en distintas unidades judiciales, sin que estas se acumularan en un mismo expediente y sin que ninguno de esos sumarios progrese con imputaciones o investigaciones concretas. La causa quedó en manos de la fiscal Alicia Chirino, quien también recibió la primera denuncia y solo avanzó una vez que la familia se movilizó.

Como bien lo expresaron las madres protectoras, Alicia Chirino es una de las principales responsables de archivar causas y poner el foco en las mujeres que denuncian. Pero no es la única señalada en la provincia por encubrimiento y aval de impunidad; Paula Kelm es otra fiscal fuertemente cuestionada por su desenvolvimiento en la investigación de crímenes como el de Cecilia Basaldúa (2020), donde está involucrada directamente la policía. Recordemos que por el femicidio de la mochilera, la Justicia de Punilla encarceló durante dos años a un “perejil” al que pretendía condenar a cadena perpetua en un juicio absolutamente enviciado, que se llevó adelante este año en los Tribunales de Cruz del Eje. Solo la movilización popular consiguió la absolución de Lucas Bustos; así continúa la lucha por verdad y justicia para Cecilia. Por esta razón, la marcha en Córdoba hará una fuerte denuncia a la Justicia, una pata del Estado machista, corrupto y garante de las redes de explotación que operan contra mujeres y niñxs.

En definitiva, el Estado provincial sigue un libreto general que hay en Argentina, donde se persigue y criminaliza a las mujeres con sus niñxs, bajo el interés del lucro capitalista. Así lo expone la represión que el gobierno nacional lleva adelante contra los reclamos por tierra de las comunidades originarias, deteniendo a mujeres Mapuche bajo todo tipo de calamidades; y se expresa en los proyectos defendidos en la Legislatura de Córdoba, por el arco político patronal, donde pretenden castigar a quienes luchan por un plato de comida, cuando los alimentos básicos son prohibitivos y 4 de cada 10 personas en el país son pobres -fundamentalmente mujeres, diversidades e infancias.

Resulta evidente que no habrá eliminación de las violencias mientras el Estado siga reproduciendo sus prácticas de opresión; por eso denunciamos el ajuste y rechazamos el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, un organismo de sumisión de los pueblos. El 25N vamos a las calles de Córdoba y de todo el país, a luchar contra este régimen de violencia, femicidios y hambre, al que nos someten todxs lxs políticxs capitalistas que gobiernan y a quienes tarde o temprano los vamos a echar.

 

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