Ambiente
20/11/2024
La crisis socioambiental y el gobierno de Milei
¡Basta de saqueo y depredación capitalista del ambiente! ¡Fuera Milei!
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Tribuna Ambiental
Incendios en Córdoba.
La ofensiva de Milei contra el ambiente se materializa con el aval de todos los gobernadores y partidos patronales. La votación de la Ley Bases, el Rigi, el Pacto de Mayo que tenía como un punto la “explotación de los recursos naturales”, los convenios que las provincias firmaron para entregar la gestión del agua a la sionista Mekorot, entre tantos otros episodios, hacen ver este consenso de los “libertarios” con el peronismo, el radicalismo y el resto de la oposición, porque de lo que se trata es de los negocios para el gran capital a costa de los bienes comunes y de una población hundida en la pobreza. Tenemos entonces el desafío de enfrentar a todo un régimen de saqueo y depredación ambiental.
Minería, agua y veneno
El pretexto es que hay que priorizar el progreso económico. Pero, ¿el de quiénes? Las históricas provincias mineras no han reflejado una caída del desempleo ni de sus índices de pobreza e indigencia. San Juan es un vivo ejemplo del enorme costo social de los daños ambientales, donde los vecinos de Jáchal sufren la contaminación de los únicos acuíferos y cursos de agua, y se desplazan las producciones de ajo y cebollas que abastecían a la provincia y alrededores. En una zona de crisis hídrica, mientras los derrames de la Barrick Gold en Veladero siguen impunes, buscan avanzar también con el cultivo de olivos y pistachos para la exportación.
El caso sanjuanino es la mayor refutación al mito de que la minería trae consigo la generación de empleo de calidad. Las multinacionales mineras concentran cuatro de cada cinco dólares de las exportaciones provinciales, pero apenas emplean algo más de 6.000 personas y un tercio de ellas fuera de convenio -y por lo tanto de los derechos laborales que les corresponden. Los cortes de ruta de vecinos reclamando a las mineras la contratación de habitantes de la zona es una muestra de eso, un reclamo genuino ante el cual planteamos que sean empleados en las enormes tareas de remediación ambiental pendientes, costeadas por las mineras y bajo control de las comunidades afectadas.
Río Negro es otra provincia que, desde la derogación de la Ley Anticianuro en 2011, viene paso a paso allanando el camino para los grandes emprendimientos mineros. La modificación de la Ley de Tierras y de tres normativas promineras, junto con la instantánea adhesión al Rigi de la Legislatura, señalan el interés del oficialismo de Weretilnek y los demás partidos capitalistas en convertirla en otra meca de la megamineria. En ruta está el Proyecto Calcatreu, con uso de cianuro, que se avaló en una audiencia trucha donde se amedrentó, limitó y demonizó la participación de vecines, referentes socioambientales, comunidades y organizaciones populares. En cola espera una treintena de otros proyectos megamineros para lanzarse a saquear oro, litio, plata, uranio y hierro, por ejemplo.
En Chubut, provincia de una enorme lucha antimegaminera que cumple más de 20 años, del “no es no”a los chubutazos, el gobernador del PRO Ignacio Torres -aunque se vio obligado a exceptuar en su adhesión al Rigi el artículo segundo que refiere a las actividades mineras, prohibidas por la Ley XVII Número 68, ex 5.001-, busca que avancen prospecciones de uranio y acuerdos como el de Mekorot.
En Mendoza este año se aprobó de forma exprés el Código de Procedimiento Minero para agilizar la actividad y el gobernador radical Alfredo Cornejo impulsa el proyecto “Malargüe distrito minero occidental” que habilitaría 34 proyectos de exploración en el sur mendocino; incumpliendo la instancia de audiencia pública que indica la vigente Ley n°7722 defendida con la movilización popular.
La confiscación de lo más básico de la vida, el agua, también se aceleró con la aprobación del Rigi. Este prioriza a las multinacionales y empresas extractivistas garantizándoles el suministro para sus actividades en desmedro del consumo de las familias, de las pequeñas producciones agropecuarias, y de los pueblos y comunidades. Eso se complementa con los acuerdos secretos firmados entre los gobernadores y la empresa estatal israelí Mekorot, conocida por usar el monopolio del acceso al agua como arma de guerra contra el pueblo palestino. A eso se suma el cierre y despido de les trabajadores de Enohsa (Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento), que es funcional a la privatización y mercantilización del agua.
Las grandes luchas que se han dado en Chubut y Mendoza son ejemplos de que si el movimiento ambiental se limita a tratar de incidir en el parlamento solo prospera el lobby por ver qué sector capitalista se va a llevar la tajada más grande. El camino es la movilización.
Saqueo hidrocarburífero
Las contradicciones del extractivismo capitalista se ven en la mismísima capital de Vaca Muerta, Añelo, donde les vecines y laburantes no tienen ni siquiera gas de red y se producen sismos que quiebran las paredes de las casas. La expansión de la actividad hidrocarburífera viene desplazando además las producciones tradicionales de frutos de pepita propias del valle del Río Negro y sus afluentes. Pero, nos retrucan muchos, ¿no trae otros beneficios?
Claro que se presenta el boom petrolero y gasífero como una bendición que va salvar la economía argentina. Con el fracking -una forma altamente consumidora de agua, de arenas especiales derivadas de la minería y de sustancias químicas- se nos dice desde hace años que la escasez de dólares se terminará. Lo cierto es que desde su implementación en Argentina, con el pacto secreto YPF-Chevron impulsado por Cristina Kirchner, lo que se ha generado es un negocio fantástico para fugar las ganancias. Por eso una década después sigue el cepo cambiario, pagamos los combustibles y las tarifas mucho más caras que antes, mientras se llenaron los bolsillos las multinacionales y empresarios nacionales, como José Luis Manzano, Paolo Rocca o Marcelo Mindlin, todos beneficiarios de la privatización energética desde el menemismo.
Los mismos que atacan a las organizaciones socioambientales en nombre de la generación de trabajo, son los que promueven las flexibilización de los convenios laborales para imponer mayores ritmos de explotación y condiciones insalubres, por no hablar de las muertes ocasionadas en los yacimientos. Son también los que rechazan las propuestas del movimiento piquetero de generar alternativas de trabajo, como planes de construcción de viviendas, al mismo tiempo que siguen sumando ventajas impositivas para las petroleras.
Si para satisfacer las necesidades energéticas del país se considera necesaria en este momento la explotación de Vaca Muerta, eso solo contribuirá a una mejora en la calidad de vida de las mayorías en la medida en que responda a otros intereses sociales, y para eso el punto de partida es la nacionalización de la industria energética bajo control obrero para poner fin al saqueo. Solo de esa forma, en la medida en que la utilización del fracking fuera comprendida como un mal necesario en el marco de un plan económico de les trabajadores, dejaría de ser incompatible con (e incluso debería permitir llevar a cabo) un programa de transición hacia modos de producción de energía sostenibles y amigables con el ambiente, que estén al servicio de las necesidades de la población. Así se generaría más trabajo aún, empezando por las tareas de remediación ambiental.
Vemos que en este punto no hay ningún matiz entre los partidos políticos capitalistas que gobernaron el país los últimos años. La exploración offshore frente a Mar del Plata fue otro capítulo de esta estrega, fuertemente combatido por los Atlanticazos que desde la costa se extendió por todo el país. Mientras crecía la lucha por un mar libre de petroleras, el gobernador Kicillof declaraba que “la provincia de Buenos Aires quiere ser protagonista del boom petrolero de la Argentina”. No extraña, de parte de quien era el ministro de Economía de CFK que gestionó el acuerdo confidencial entre YPF y la yanqui Chevron. Incluso armó las audiencias públicas truchas para buscar mostrar una legitimación social que este tipo de proyectos no tiene.
La primavera silenciosa
Queda todavía lo que muchos llaman el motor de la economía argentina. El agronegocio tiene efectos directos sobre la salud. La importante investigación de Andrés Carrasco, exdirector del Conicet y exjefe del Laboratorio de Embriología de la Universidad de Buenos Aires (UBA), sobre los efectos del uso de glifosato en el desarrollo de los vertebrados fue un hito que puso sobre la mesa más argumentos científicos contra este modelo agroalimentario nocivo para el ambiente y les seres humanes que vivimos en él. La lucha de las asambleas de pueblos fumigados en las provincias de Buenos Aires y el litoral, de les vecines de Córdoba contra Porta o la de las Madres de Ituzaingó, por nombrar algunas, continúan poniéndolo de relieve.
Con Milei se suman episodios como la censura en el Inta a sus investigadores en relación al uso de términos como “cambio climático”, “género”, “agroecología”, que se suman a las censuras previas como ocurrió con el proyecto Sprint sobre la presencia de agrotóxicos en nuestros cuerpos.
Es una política de Estado, acompañada por los gobernadores de las provincias sojeras. En Entre Ríos avanza la aprobación de una ley en favor del uso de agrotóxicos. “Mientras de a poco en muchos municipios del país, y a través de cautelares y ordenanzas, la distancia de fumigación mínima viene siendo de 1.095 metros, esta ley que aprobaron es tan regresiva que en algunos casos permite la fumigación a 10 metros de distancia de la población. Es decir, es una ley hecha a medida del agronegocio y sus intereses económicos, desoyendo a la medicina, a la ciencia, a las víctimas de los pueblos fumigados y al resto de la sociedad que alerta sobre los casos de cáncer y otras enfermedades, así como los problemas socio-ambientales del uso de agroquímicos” (Guillermo Folguera, 28/10/24).
En las calles y en las legislaturas venimos exigiendo el resarcimiento a las víctimas por envenenamiento y el castigo a les responsables; la prohibición de fumigar en zonas pobladas, escuelas rurales y cursos de agua; una regulación que restrinja a 4.000 metros la distancia de las urbanizaciones para fumigar, en vistas a una progresiva eliminación de los agrotóxicos, en el marco de una completa reorganización de la producción agroalimentaria para satisfacer las necesidades nutricionales de las familias trabajadoras a través de prácticas agroecológicas. Un horizonte que requiere terminar con la gran propiedad terrateniente y proceder a la nacionalización bajo control obrero del comercio exterior, que hoy se realiza desde los puertos privados de las aceiteras y cerealeras que se fugan el grueso de la renta agraria.
Todo fuego es político
La presentación del Presupuesto 2025 que el Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, realizó en el Congreso reafirmó la motosierra a los fondos de la Ley de Protección de Bosques Nativos, después de la eliminación del Fobosque. Como denunció frente a él la diputada de la izquierda Vanina Biasi, tan solo el 0,066% del total del presupuesto está destinado al área, incumpliendo otra vez el 0,3% que tendría que ser destinado.
También se desfinancia la necesaria y urgente prevención y combate de los incendios. Se trata de una política de Estado: los gobiernos favorecen las actividades agrícolas, ganaderas, inmobiliarias, avanzando sobre humedales, bosques y montes nativos mediante incendios. Pasado el fuego, se destinan las áreas incendiadas a estos emprendimientos depredatorios. Lo sucedido en Córdoba hace unas semanas anuncia una nueva temporada de incendios intencionales con la mira en el cambio de uso del suelo.
Es urgente pelear por financiamiento para las áreas de prevención de estos ecosistemas amenazados; para que guardabosques y brigadistas tengan salarios dignos y pasen a planta permanente, con equipamiento y cantidad de personas necesaria. Tenemos que poner fin el reordenamiento territorial al servicio de las inmobiliarias, empresas forestales y del agronegocio; empezando por prohibir el cambio de uso de las tierras incendiadas y que deben ser protegidas. Esto solo se conseguirá a través de un gobierno de les trabajadores.
Racismo expropiador
La extranjerización de la tierra es otro negocio que cuenta con el impulso de Milei, quien ya lo incluyó en el mega DNU 70 apenas asumió. Esto cuando comenzó su gobierno con 14,7 millones hectáreas en manos extranjeras -5,23% del suelo argentino-, y en algunas zonas como Bariloche esa cifra se eleva a un escandaloso 21%, de acuerdo al Registro Nacional de Tierras Rurales (El País, 27/2/24). Bennetton, Lewis y los monarcas árabes continúan acaparando tierras con un alto valor para la biodiversidad.
Al calor de eso, de los grandes emprendimientos mineros y del boom de Vaca Muerta, los pueblos originarios han visto acrecentada la persecución hacia elles para desplazarlos. El ensañamiento, la represión, la demonización, la judicialización y la privación de la libertad se han vuelto moneda corriente. La pelea por la recuperación territorial de la Lof Lafquen Winkul Mapu, del Rewe, Lof Inalef y la Lof Quemquemtrew (Río Negro), junto con el reclamo de justicia por Rafael Nahuel y Elías Garay; lo mismo la Lof Paillako (Chubut) y la Lof Cayunao (Río Negro) en defensa de las nacientes del Río Chubut; de la Lof Cayun-Panicheo (Chubut) contra la Ruta Internacional Paso Puelo; la Confederación Mapuche de Neuquén contra los basurales petroleros; la Comunidad Kolla Guerrero (Jujuy) violentamente desalojada de su territorio; son algunos ejemplos de organización y lucha contra estos atropellos.
Todos los partidos patronales y sus aparatos judiciales reprimen, persiguen y detienen ilegalmente a integrantes de los pueblos originarios. Milei, les Fernández, les Bullrich, les Wererilneck, les Picheto, les Macri, todos promueven esta política de odio y violencia para abrir paso a intereses capitalistas.
Fuera Milei
En un momento en el que cada vez cuesta más llegar a fin de mes, pensarnos como parte de algo más amplio -el ambiente- e internalizar la necesidad de protegerlo parecería secundario. Pero en realidad es una misma lucha, por vivir bien, contra la explotación capitalista de las personas y de la naturaleza, y contra el saqueo imperialista. Se trata de luchar por agua, luz y gas para los barrios; por viviendas para las familias trabajadoras junto con espacios verdes comunes de esparcimiento; por alimentos que no estén contaminados; por la protección de la biodiversidad y por una sociedad que abrace la diversidad cultural; contra las explotaciones dañinas hacia nuestra salud y el ambiente. Solo con un gobierno de trabajadores podemos avanzar en esa dirección.
Este contexto hace ver que nadie se salva solo. La organización y la lucha representan la única forma de vencer esta dominación capitalista. Reimpulsemos al movimiento socioambiental en unidad con las luchas obreras y populares, como la que libra la comunidad universitaria, les trabajadores de la salud, el movimiento piquetero, les jubilades. Por eso, organizate con Tribuna Ambiental y sumate a la campaña para gritar bien alto: ¡Basta de saqueo y depredación capitalista del ambiente! ¡Fuera Milei!
