En el día de ayer, mediante un acto en la Casa Rosada, se promulgó en conjunto la ley 27.610 de legalización del aborto y el “plan de los 1.000 días”. La conquista histórica de este derecho fue producto de una lucha incansable del movimiento de mujeres y diversidades de nuestro país durante más de 35 años, que mediante la organización callejera han peleado contra las trabas del Estado y las Iglesias católica y evangélicas que hoy el gobierno empodera.

Alberto Fernández y “el fin del patriarcado”

“Estoy feliz de poner fin al patriarcado, una gran injusticia que vive la humanidad, después de muchos años de lucha de las mujeres por la igualdad y por la posibilidad de decidir”, dijo el presidente Alberto Fernández al promulgar la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Como advirtió Romina Del Plá, diputada mandato cumplido por el Partido Obrero mediante una carta pública ante la invitación al acto, la finalidad de este acto gubernamental fue una maniobra para intentar enmarcar en los parámetros del Estado la lucha y conquista del aborto legal, que han sido principalmente fruto de la organización y movilización de las mujeres contra éste.

El intento de apropiación de esta lucha por parte del presidente y su “gabinete de feministas” (incluidas la ministra de Mujeres, Elizabeth Gómez Alcorta y de Legal y Técnica, Vilma Ibarra) es bochornosa. La pelea por el aborto legal se dio durante los distintos gobiernos, democráticos y de facto, incluso durante los 12 años del anterior gobierno kirchnerista, del cual AF formó parte en los altos mandos.

Este reclamo tan sentido para evitar la muerte de las mujeres más pobres no sólo no fue impulsado por su armado político, sino por lo contrario, fue bloqueado sistemáticamente. Hasta el momento, miles de niñas, adolescentes y mujeres resultaron muertas, judicializadas, presas producto del aborto clandestino que reinó en nuestro país. No aceptamos que ahora intenten robar esta conquista del poderoso movimiento que la logró en las calles, peleando contra el Estado, los gobiernos, sus instituciones y las Iglesias.

Sobre el “fin del patriarcado”, el presidente se toma una licencia que roza la barbaridad. En el Estado que tiene al mando, una mujer es asesinada por día en su condición de oprimida. La educación sexual laica y científica continúa siendo bloqueada. En términos laborales, este gobierno, en conjunto con la oposición, ha votado una reforma jubilatoria que ataca de lleno sobre todo a las mujeres, ajustando aún más sus empobrecidos ingresos. Sin ir más lejos, mediante un decreto presidencial, este gobierno ha subsumido al gremio más feminizado del país conformado por un millón y medio de mujeres, el de trabajadoras de casas particulares, con un salario de hambre de $22.765 para abril.

Al conjunto de ataques a la clase trabajadora en términos de condiciones laborales, paritarias a la baja, etc. se suma en el caso de las mujeres trabajadoras la realización de un trabajo no pago que sostiene a la familia obrera y que es explotado por el capital en su propio beneficio. ¿De qué final del patriarcado habla el presidente, cuando es su gobierno el garante de los mayores atropellos contra las mujeres y el conjunto de los trabajadores?

La lucha y los desafíos que tenemos por delante

“Esto lo hicimos entre todos y todas. Para mí es un día de alegría por algo más: porque cumplí mi palabra empeñada. Es la culminación de un tiempo de lucha, las mujeres bregaron durante muchos años para que el aborto deje de ser un delito”, expresó también AF en su discurso, dando por finalizada la lucha de las mujeres. Mal que le pese al gobierno nacional y sus funcionarias feministas la conquista de esta sanción eleva la vara en la posibilidad de conquistas contra las opresión de las mujeres. De manera inmediata mantener el estado de movilización por la implementación efectiva de la ley en todo el país y por la separación de las iglesias del Estado.

Durante el tratamiento en Diputados se incorporaron demandas por parte de las Iglesias. La más pronunciada es la objeción de conciencia, que exime de obligatoriedad a los centros de salud de garantizar la práctica. En la misma línea se limitó el acceso a las niñas y adolescentes imponiendo restricciones a la autonomía progresiva.

Los sectores oscurantistas intentan bloquear la IVE en las provincias. En Salta a pocas horas de la aprobación del Senado, parlamentarios celestes presentaron un escrito reclamando la inconstitucionalidad contra el protocolo ILE También en San Juan, en un hospital público su directora y todos los obstetras se han declarado “objetores”, una imposibilidad para garantizar la práctica. Si esto ocurre es por la alianza inquebrantable que presenta el gobierno de AF con la Iglesia y los sectores oscurantistas.

En contra del intento de estatizar nuestra historia y recorrido de lucha, debemos mantenernos organizadas y movilizadas para ir por la implementación plena del aborto legal, y la definitiva separación de la Iglesia y el Estado.

La lucha contra la doble opresión de las mujeres trabajadoras es una lucha contra el régimen social y el Estado capitalista que se valen de ella para mejor explotar al conjunto de la clase obrera. Dimos un gran paso adelante conquistando en las calles el aborto legal y nos quedan muchas conquistas más por obtener porque el fin de la opresión de las mujeres no vendrá de la mano de la acción de tal o cual gobierno o partido del régimen sino de la acción independiente y organizada de las trabajadoras con el conjunto de su clase.