08/07/2020 | 1600

Intervengamos en las luchas con un programa de salida

El aumento exponencial de contagios y el riesgo de saturación del sistema sanitario coinciden con una profundización de la crisis social y económica. Después de la caída histórica de abril, las propias consultoras empresariales proyectan una caída del 13% del PBI, un 30% más de lo pronosticado por el FMI.

En el primer cuatrimestre, los despidos suman 390.000, solo del sector formal. Si contamos los trabajadores en negro, esto llega al medio millón antes de mayo y junio. A este paso, cabe prever un millón de puestos de trabajo perdidos en el año. La crisis dejará en el Amba 100 mil cierres comerciales, lo que equivale a 800 mil despidos del sector.

En un documento, la UIA advierte sobre la posibilidad concreta de una quiebra masiva de empresas. El 38% de las empresas estima que, en las actuales condiciones, podría mantenerse de uno a tres meses y el 22% estira el plazo hasta seis meses. En resumen, para la UIA, el 60% de las patronales están en situación de cierre en el corto plazo.

Con esas proyecciones, la UIA reclama, entre otros puntos, líneas de financiamiento subsidiadas, ATP hasta fin de año para todas las empresas, Repro frente a la anunciada avalancha de PPC, y -previendo una situación social compleja generada- un seguro universal “asistencial”. Este “plieguito” fue respaldado en una discreta reunión en Tigre entre Máximo Kirchner, Sergio Massa y “Wado” de Pedro, con cinco capitostes de lo más concentrado de la burguesía nacional: Brito, Bulgheroni, Dragonetti, Acevedo y Mindlin.

En la mencionada reunión se insistió con la mesa de “diálogo económico y social”, que reclaman las patronales, la burocracia sindical y la Iglesia, para avanzar con ese plan de salvataje, a costa de los trabajadores. El interés de los empresarios por Vicentin se debe a que muchas otras compañías están en la misma condición y la línea general de las patronales es el rescate del Estado en beneficio de los vaciadores.

Para los trabajadores, en cambio, está en el orden del día el debate sobre la ocupación de toda fábrica que cierre o despida masivamente, su expropiación y su puesta en funcionamiento bajo control obrero.

El ataque al salario

Las suspensiones ejercen una verdadera presión sobre los trabajadores, sobre los puestos de trabajo y los salarios: el ingreso nominal de abril fue 9,2% menor al de marzo, según datos del Ministerio de Trabajo. Algo sin precedentes en un país con altísima inflación. Las suspensiones del período abril-mayo fueron 14 veces superior al promedio de suspensiones de la última década.

El aguinaldo es otro de los frentes de ataque salarial de las patronales. El gobierno dio la venia fraccionando el SAC de los estatales. Las provincias, primero, y las patronales, después, lo emularon. En el sector privado, el ataque incluye el pago proporcional para aquellos trabajadores sujetos a acuerdos de suspensiones sobre la base del artículo 223 bis.

Las paritarias siguen congeladas y la inflación no cesa. El 1,7% del Indec es mentiroso, porque incluye rubros como hotelería, gastronomía, pasajes de avión, que “tiran para abajo” el promedio. El aumento en alimentos es sideral.

Un programa antiobrero

La orientación del gobierno la decide el capital financiero. Es parte de la discusión sobre el acuerdo de la deuda. A las numerosas concesiones, el capital financiero suma la exigencia de que el FMI esté en el control de la política económica, que se resume en las reformas previsional, laboral e impositiva. Armando Cavalieri y Facundo Moyano han coincidido en que sería necesaria una “reforma laboral”, el más preciado objetivo para terminar con nuestras conquistas, algo que está en marcha a caballo de la cuarentena.

El proyecto de desguace de Aerolíneas Argentinas, junto al cierre de Austral, se suma a la extorsión de Latam, para establecer un “convenio low cost”. La línea de bandera anunció el pago del 50% de los sueldos, a la espera de los ATP, después de desconocer las paritarias pendientes. Un ataque en toda la línea. El “Estado patrón” actúa como nave insignia de las patronales.

La cosa pasa por las luchas

Venciendo las enormes dificultades que plantea la pandemia y la crisis económica, los trabajadores resisten la ofensiva patronal en los lugares de trabajo. De manera atomizada, por la entrega de la burocracia, pero extendida.

Así lo demuestran la rebelión de los choferes del interior, como en Córdoba y Mar del Plata, el paro y apagón virtual por salarios y condiciones de trabajo de los docentes universitarios, las movilizaciones de los municipales de Córdoba y Mendoza (estos últimos sufrieron una feroz represión que derivó en una masiva movilización de repudio y solidaridad). La docencia universitaria de Conadu Histórica paró el 3 de julio, ganando las asambleas a las direcciones ligadas al gobierno. Incluso el sindicato de Rosario de la otra Conadu.

Los petroquímicos se encuentran en asambleas por turnos en un reclamo salarial. Como lo hicieron anteriormente los portuarios. Los marineros del Somu han ido al paro nacional contra la rebaja salarial. El Sutna fue a un paro por los protocolos de seguridad e higiene. En Río Negro, los trabajadores rurales y los docentes fueron a acciones de lucha. Los docentes de Buenos Aires votaron en un plenario masivo una acción de lucha para el 15 de julio (ver Noticiero sindical, en esta edición). Los textiles de Vicentin, venciendo las trabas de la burocracia sindical y los “consejos” de la centroizquierda provincial, volvieron al paro general después de desconocer una conciliación, acatarla tras diez días de paro y retomando ante la intransigencia patronal: una conducta extraordinaria en el cuadro de su huelga.

El sector más precarizado se organiza y lucha por sus reivindicaciones: los trabajadores de Fast Food y los repartidores.

Muchas de esas luchas y conflictos se desarrollan al margen o en choque con la burocracia sindical. Tanto los Gordos de la CGT como el moyanismo, la Corriente Federal y las CTA de Yasky y “Cachorro” Godoy acentúan su colaboracionismo con el gobierno, lo que resulta en un acompañamiento de la ofensiva patronal. La centroizquierda de Aceiteros, convoca el 9 de Julio a movilizar en apoyo a la política del gobierno en Vicentin, un despropósito, cuando la empresa volvió a las manos de sus vaciadores ante la parálisis total del Presidente.

Propondremos un plan de movilización en distintas regionales al Plenario Sindical Combativo, que constituye el único punto de referencia para el movimiento obrero que lucha.

Reforzaremos la campaña en el movimiento obrero en apoyo al proyecto de impuesto a las grandes rentas y fortunas del FIT, que ya reúne miles de firmas.

Llamamos a apoyar e impulsar las luchas en curso, así como impulsar la deliberación sobre una salida obrera a la crisis sobre la base de un programa de independencia de clase:

-Ninguna rebaja de salarios. Reapertura de paritarias. Que el Estado garantice el 100% del salario, abriendo los libros de las empresas.

-Ningún despido. Ocupación de toda empresa que cierre y reclamar que el Estado se haga cargo, garantizando salarios y empleos, bajo gestión de los trabajadores. Seguro al desocupado de 30.000 pesos. No al recorte de la IFE.

-Aumento de emergencia a los jubilados, de modo que ningún jubilado gane menos de 30.000 pesos. Reposición de la movilidad.

-Centralización del sistema de salud a cargo del Estado y bajo control de los trabajadores del sector. Por comisiones en los lugares de trabajo, electas por los trabajadores para controlar los protocolos de salud.

-No pago de la deuda externa.

-Impuesto a las grandes rentas y fortunas. Apoyo al proyecto presentado por el FIT-Unidad que recaudaría entre 15 y 20.000 millones de dólares para ser destinados a un fondo de emergencia contra la pandemia, bajo control de los trabajadores.

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