La última semana del año va a condensar en buena medida las grandes tensiones que cruzaron a este 2020.

La legalización del aborto entra en su recta final en el Senado, donde se redoblan las presiones del clero, que tiene sus agentes en todos los bloques políticos. Cobra fuerza el planteo del aliado del oficialismo, el exmandatario rionegrino Alberto Weretilnek, de incorporar nuevas modificaciones regresivas que obliguen a una vuelta a Diputados, los cuales violentan a las mujeres y niñas víctimas de una violación. El requisito de contar con una denuncia penal previa apunta a exponerlas al desprecio en las comisarías y el sistema judicial para desalentarlas, y el reemplazo del concepto de “salud integral” por el de “salud física” tiende a restringir el acceso a este derecho.

Es decir que está en crisis la apuesta del gobierno de dar sanción al proyecto de ley antes de fin de año. Esto se debe, sencillamente, a su alianza con las iglesias como herramienta de contención en medio de una aguda crisis social. La clave para conquistar el aborto legal y su implementación efectiva estará en las calles, como siempre, en la potencia de la ola verde.

En Diputados el oficialismo replicará la maniobra de aprovechar la ocasión para concretar un robo a los jubilados, imponiendo una movilidad “desindexada” en medio de una aceleración inflacionaria. Solo el Frente de Izquierda levantó una tribuna política para denunciar esta confiscación, que es una ofrenda en la mesa de negociación con el FMI.

Es por ese camino que lograron recortar el déficit fiscal de este año por debajo de las proyecciones, y prometen un ajuste mayor al presupuestado para el año próximo. Pero como explica en su editorial Eduardo Salas, con eso no alcanza para cerrar un acuerdo. El gobierno demuestra a cada paso su improvisación y desorientación, que son a su vez expresión de las contradicciones que enfrenta su bonapartismo de default.

Cristina Kirchner reclamó en el acto “unitario” del Frente de Todos un ajuste a su manera, lo cual no implica un cuestionamiento al rumbo fondomonetarista ni a la ofensiva sobre salarios y jubilaciones, sino lubricarla mediante la postergación de los tarifazos. Como eso requiere mayores subsidios la ecuación no termina de cerrar, más en medio de la persistencia de las presiones devaluacionistas y de la sequía de las reservas del Banco Central. Las preocupaciones de la vice son esencialmente dos: la viabilidad del ajuste, y su situación judicial. La confirmación de la sentencia a Julio De Vido por la masacre ferroviaria de Once refuerza el apriete de la segunda. Por lo demás, la “sintonía fina” de la última época kirchnerista culminó en un vaciamiento energético fenomenal que obligaba a importar miles de millones de dólares en energía… y un tarifazo también descomunal.

Otro retrato de fin de año es la aceleración de las tratativas para poner en marcha el acuerdo porcino con China. Esta política sería desastrosa no solo en términos ambientales y sanitarios, sino que expresa un rumbo de reprimarización económica al servicio de la penetración de capitales extranjeros. Es, sin embargo, lo que hasta el momento no pudieron imponer en Chubut, donde Arcioni -a pesar de las coimas– no logró sancionar la zonificación para habilitar el desembarco de los pulpos mineros.

Mientras tanto, se recrudece la crisis sanitaria. Subieron súbitamente los contagios de coronavirus en Capital y el Gran Buenos Aires, cuando el gobierno no puede ocultar que no tiene garantizada la llegada de la vacuna. La persistencia de las luchas de los trabajadores de la salud evidencia la impostura de los gobiernos bonaerense, porteño y nacional de cargar las tintas sobre las reuniones de fin de año para encubrir su ruinosa política sanitaria. Esto sucede cuando no se avizora aún el pico de la segunda ola en Europa.

El cuadro es por lo tanto bastante sombrío, más cuando se completa la sanción de los presupuestos 2021 de ajuste en las provincias, como el que Juntos por el Cambio le votó a Kicillof. Se trata de una “ley de leyes” al servicio de los bonistas, con los cuales tiene pendiente el canje por más de 7.000 millones de dólares -un agujero que no solo preocupa al gobernador bonaerense.

A la par, en la Ciudad de Buenos Aires, un fallo del Tribunal Superior de Justicia reinterpretó capciosamente la Constitución porteña para concluir que el Estado “no tiene la obligación inmediata de proveer una vacante a todo aquel que la solicite con independencia de su condición social o de sus posibilidades de procurarse una vacante en el subsistema privado”, colocando al sistema público como receptor exclusivo de quienes puedan presentar un certificado de pobreza y convirtiendo al sistema privado en el ámbito natural de los menores de tres años. Es un fallo a medida del recorte presupuestario del gobierno de Larreta, incompatible con la satisfacción del cupo de vacantes en las escuelas porteñas. La reacción fue inmediata, y un amplio sector de la comunidad educativa salió a reclamar el juicio político al TSJ.

Esta reacción ante la ofensiva contra una vapuleada educación pública, así como la de los trabajadores de la salud, muestran en escena al movimiento obrero, a pesar de la integración de las distintas alas de la burocracia sindical al gobierno de Alberto Fernández. Este aspecto es parte importante de la situación que domina este fin de año, que termina con el 80% de los trabajadores con ingresos de pobreza, y uno de cada cinco por debajo del misérrimo salario mínimo fijado por el Estado. La impresionante huelga de los aceiteros, el paro de los obreros del Sutna en Bridgestone que impuso la conciliación obligatoria con los dos despedidos adentro, los metalúrgicos de Gri Calviño que frustraron el acuerdo inconsulto firmado por la conducción de la UOM, o la tenaz resistencia de los trabajadores del Parque de la Costa, son expresiones contundentes. Hay que jugarse por entero a su triunfo, como al de la ola verde, para comenzar un 2021 de grandes batallas.

Buen último domingo del 2020.