08/08/2021
La semana

Los pagos millonarios al Fondo y los millones que caen en la pobreza

Panorama político de la semana.

editor de Prensa Obrera.

No pueden caber dudas de que, por más voluntad que ponga el gobierno, la campaña electoral no podrá ocultar lo inocultable. Mientras en el inicio de la semana se pagaban unos 340 millones de dólares al FMI en concepto de intereses, honrando una sobretasa usuraria, el Indec daba a conocer que entre marzo de 2020 y el mismo mes de 2021 dos millones y medio de personas cayeron debajo de la línea de pobreza.

Que esto no puede transcurrir en armonía es evidente, y se vio en una escena sintomática: al volcar en la Panamericana un camión que transportaba alimentos para ser comercializados por Wallmart, la policía se aprestó a reprimir a los vecinos de la zona que se acercaron a llevarse algo para llenar la olla. Cuando los antagonismos sociales se expresan hasta en fenómenos tan espontáneos es porque la tensión se vuelve potencialmente explosiva.

Sobre este terreno es que desplega su campaña el Frente de Izquierda Unidad, postulándose como una alternativa política contra el ajuste de todos los que gobiernan y gobernaron hundiendo a las familias trabajadoras en la miseria. Por eso el Partido Obrero levantó una tribuna de denuncia en las puertas del Banco Central para denunciar que mientras el Fondo Monetario se lleva los dólares, en Argentina crece el hambre. Una muestra de que eso domina toda la orientación oficial (y de la oposición patronal) la tenemos en que, después de tanto escuchar a Alberto Fernández hablar de la necesidad de cuidar «la mesa de los argentinos» y del fracaso rotundo en contener los precios de la carne (que treparon 100% en un año), los funcionarios anunciaron que el reciente esquema de restricciones a la exportación será rápidamente flexibilizado.

Como ningún bono -dicho sea de paso muy escaso y por única vez- podrá encubrir a jubilados y beneficiarios de asistencia social que están perdiendo poder adquisitivo a la velocidad de la luz, o disimular que todas las sumas que reciben e incluso el salario mínimo se hallan en niveles de indigencia, el ministro de Economía salió a cubrirse la espalda: la inflación sería una «responsabilidad colectiva». Cínicamente, Guzmán destacó que «los representantes de los trabajadores actuaron en la línea de lo que establecía la ley de Presupuesto», o sea el techo en torno al 29%, mientras que de parte de los empresarios «faltó capacidad de conducción y alineamiento con un proceso colectivo de estabilización».

Que en simultáneo la Secretaría de Comercio -en manos del kirchnerismo- habilitara nuevos incrementos del 9% en los precios de los alimentos, que registran subas del 33% promedio en el año (según un relevamiento privado en la Capital), es una confesión de que este desfasaje tiene al Estado como responsable, junto a la patronales. De hecho, los salarios públicos lideran la caída, con unos 40 puntos debajo del IPC en el último bienio. En conclusión, los topes paritarios no son anclas antiinflacionarias, pero sí un aporte en el plan de ajuste para acordar con el FMI. Finalmente, el hecho de gastar las reservas internacionales en pagos de deuda está en la base de la depreciación del peso, y por ende del descontrol de precios, aún en pleno récord histórico de ingreso de divisas por exportaciones. Una manifestación palpable saqueo nacional.

Esta frustrada política antiinflacionaria tiene también otro capítulo de confiscación a los trabajadores en beneficio de los especuladores del mundo las finanzas. Es que contra lo que prometieron vehementemente Alberto y Cristina en la campaña electoral de 2019, sobre terminar con bicicleta financiera macrista para devolverle la plata a los jubilados, tenemos que la banca cobró ya por intereses de Leliq y pases más de 1,4 billones de pesos desde que llegaron a la Casa Rosada, mientras que en los últimos doce meses a los retirados y pensionados les robaron cerca de 150.000 millones. En la comparación interanual con la inflación, los jubilados perdieron casi 10% mientras que los intereses pagados a los bancos le ganaron por 36%. Esta farsa de «los que dijeron que venían a terminar con el ajuste» es el motivo central de los spots del FIT-U que desde este domingo estarán en radios, televisión y redes sociales.

Desde ya que la oposición derechista de Juntos por el Cambio no puede ofrecer otra cosa que… mayor ajuste. No hablamos solo del fracaso estrepitoso de la experiencia presidencial de Macri y de la propia Vidal en su paso por la Gobernación bonaerense. La exgobernadora y actual precandidata a diputada porteña del JxC salió a denunciar el ruinoso resultado de la ley alquileres, que registran aumentos de hasta el 40%, pero para pedir la derogación lisa y llana sin otra medida alguna, lo que operaría como una liberación de precios. Es decir que afronta el problema de la vivienda exclusivamente del punto de vista de los propietarios e inmobiliarias.

Este carácter patronal es entonces lo que aúna a los dos lados de la grieta. Por eso tenemos al ministro de Producción, Matías Kulfas, adhiriendo a los dichos del titular de Toyota y los popes de la UIA contra la calificación de los jóvenes que ingresan al mercado de trabajo, cuando solo ofrecen a esta una creciente flexibilización laboral. La generalización de la precarización laboral se expresa en un dato incontrastable: la cantidad de aportantes al sistema previsional es menor que una década atrás. El contraste de clase lo marcó la extraordinaria movilización de la juventud de las barriadas, con un multitudinario acampe piquetero frente al Palacio Pizzurno que reclamó que se garanticen dispositivos y conectividad para poder estudiar, denunciando el expulsivo ajuste educativo de los Nicolás Trotta y las Soledad Acuña.

Lo vimos también en un aspecto nada secundario, como es el intento de normalización de la rentabilidad empresaria barriendo con toda protección sanitaria a los trabajadores, como licencias o protocolos de bioseguridad. Esta es la orientación del decreto que finaliza las restricciones sin reforzamiento alguno de la salud, mientras se expande la contagiosa variante Delta. Es también lo que perfila detrás de la política coercitiva de sancionar a los trabajadores que no se deciden por vacunarse, que evalúa el gobierno nacional y ya implementa el gobernador jujeño Gerardo Morales contra los empleados públicos. Si la preocupación fuera la salud pública, no se forzaría la vuelta al trabajo cuando casi nadie recibió su segunda dosis.

Lógicamente que es necesario convencer a toda la población de la necesidad de vacunarse, pero el gobierno y la oposición son un obstáculo para ello. La confidencialidad de los contratos con los laboratorios, incluido el fraude nacional de Sigman con AstraZeneca, junto a las suspicacias incentivadas por la oposición y los medios contra el resto de las fórmulas para actuar como lobbistas de Pfizer, que culminó en un decreto que flexibiliza las leyes nacionales para brindar un blindaje absoluto a la farmacéutica yanqui, todo ello fomenta desconfianza en la población ¡Qué distinto sería si se liberaran la patentes y se invirtiera en el desarrollo científico y la producción pública de una vacuna nacional!

Por supuesto, ello no entra en el horizonte de un gobierno cuya política económica nos deja a merced del imperialismo y a la deriva de la guerra comercial entre las principales potencias, situación que la puja por el mercado de vacunas vuelve a poner sobre la mesa. Es con este trasfondo que arribó al país el secretario de Seguridad Nacional estadounidense, Jake Sullivan, con una agenda dominada por las tensiones con China y Rusia, pero también por el cuadro de ebullición social que caracteriza la actualidad latinoamericana. Indudablemente, el hecho de que en medio de una ola de rebeliones populares en el continente el gobierno del Frente de Todos esté logrando ejecutar el ajuste fondomonetarista imponiendo todavía un operativo de contención -basado en la burocracia sindical y las organizaciones sociales cooptadas por el Estado-, funciona como un atractivo para el gobierno de Joe Biden. Pero la ofensiva para reestablecer la primacía del imperialismo yanqui en la región es un factor de crisis, porque el carácter semicolonial de la Argentina la deja como pato de la boda de las confrontaciones que dominan el mercado mundial.

Con todo, ni los apologistas más furibundos del capital descartan hoy que pueda abrirse dentro de poco un capítulo argentino dentro de las convulsiones sociales de América Latina. Desde las familias que luchan por vivienda hasta el clasismo del neumático que se planta por el salario, las luchas obreras son parte indiscutible del escenario nacional. La campaña electoral del Frente de Izquierda Unidad es una batalla clave en la preparación política de los grandes sucesos que se vienen.

Buen domingo.

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