18/07/2021
La semana

Desafíos electorales entre las cien mil muertes por Covid y el 50% de inflación anual

Panorama político de la semana.
editor de Prensa Obrera.

Es muy gráfico que la misma semana en que se inscribieron las alianzas electorales Argentina haya cruzado dos umbrales muy sensibles: el de las 100.000 muertes por Covid-19 y el del 50% de inflación interanual. Esta fotografía capta la esencia del proceso político que se viene, con unas elecciones legislativas atravesadas por un desastre sanitario y social. Intervenir en él para abrir paso a una alternativa independiente de los responsables de esta crisis es el enorme desafío que afronta el Frente de Izquierda – Unidad, que ha inscrito su alianza en 23 distritos del país.

El número de fallecimientos es una confirmación dolorosa del fracaso de la gestión de la pandemia por parte del gobierno nacional y los gobernadores. Además de rankear entre los países con más casos mortales por millón de habitantes, hemos superado los cuatro millones y medio de contagios. Se debe a que en todo momento siguió primando el ajuste y los intereses patronales a pesar del colapso del sistema sanitario, así como el negocio de los laboratorios. Para ilustrar la responsabilidad política de los ajustadores alcanza con advertir que mientras la cifra de los decesos ganaba los titulares de las noticias, los trabajadores del Hospital Garrahan continuaban con masivas medidas de fuerza reclamando un aumento salarial, se movilizaban los residentes y concurrentes porteños contra la precarización, y los despedidos por el cierre de la Clínica San Andrés marchaban junto a los tercerizados de Edesur y los obreros de Bimbo.

El intento de la oposición derechista por capitalizar el descontento con este crimen social no puede basarse entonces en reivindicar su actuación allí donde gobierna. Por eso se limitan a cuestionar los retrasos en la vacunación, pero solo para actuar como lobbistas de Pfizer y los laboratorios yanquis, atacando a Alberto Fernández por su presunto alineamiento intransigente con China y Rusia (y Venezuela) y el negociado del «amigo» Sigman. A despecho suyo, el gobierno acaba de sellar un acuerdo bilateral con la administración de Joe Biden para la donación de 3,5 millones de dosis de Moderna; claro, ello después de ceder en un DNU a las exigencias «inaceptables» de Pfizer, y por ende enmarcado en la disputa de las farmacéuticas norteamericanas por el mercado de vacunas, es decir que está al servicio de una relación colonial.

Si el ajuste en curso es una amenaza de cara a una tercera ola apalancada por la variante Delta, lo mismo puede decirse de la creciente pauperización social. El fracaso categórico por parte de un presidente que al inicio de la pandemia aseguró que prefería que crezca la pobreza antes que tener cien mil muertos, obedece a una orientación dominada por la meta de alcanzar un acuerdo con el FMI, que es a la vez una condena tanto para la salud como para la economía… de los trabajadores. Un relevamiento del llamado «gasto Covid-19» desde marzo de 2020 permite ver que más de la mitad fue destinado a rescatar a los empresarios, que además redujeron los salarios, suspendieron masivamente y despidieron por doquier dejando en ridículo el decreto antidespidos.

Es lo que reflejaron los informes publicados por del Indec esta semana. El registro de la inflación en junio llevó el acumulado del primer semestre arriba del 25%, y de los últimos doce meses por encima del 50%. Semejante índice de precios enterró toda pretensión oficial de amortiguar la bronca popular con una revisión trucha de las paritarias, el adelanto del aumento de indigencia del salario mínimo, y un bono a los jubilados que reconoce que la nueva movilidad es confiscatoria (y seguirá siéndolo, ya que los 5.000 pesos no se incorporan al básico, dejando el cálculo -desindexado- de las futuras actualizaciones sobre haberes que no cubren la canasta alimentaria). Esto mientras se usa la caja de la Anses para subsidiar al capital.

Otro estudio del centro de estadística arroja un dato incontrastable: en la composición del valor agregado de la economía argentina del primer trimestre del año cayó un 3,7% la participación de los salarios, mientras que creció un 5% la explotación que embolsan los capitalistas. Ilustra así el hecho de que la reactivación tras la cuarentena solo se llevó a cabo sobre la base de una mayor expoliación de la fuerza de trabajo, mientras perdura una huelga de inversiones generalizada. Ello es confirmado por la profundización de la recesión, que se manifiesta en una reducción del uso de la capacidad instalada de la industria y del consumo de energía. Agreguemos que estamos ante una refutación del fundamento con el cual las patronales insisten en la necesidad de una reforma laboral flexibilizadora, que reduzca el «costo laboral», como condición para un repunte económico.

De todas maneras, esta última es sin duda parte de los deberes que vendrán incluidos en el programa que se negocia con el FMI. Sobre este punto sucedió un hecho interesante, porque mientras Martín Guzmán dedicó su viaje a la cumbre del G-20 en Venecia a suplicar a Kristalina Georgieva nuevos créditos para financiar una transición «verde», saltó a la vista de todos que el «plan económico» para pagarle al Fondo implica un mayor saqueo de los bienes naturales del país.

La entrega del mar argentino a Shell y Equinor para la explotación petrolera off shore sublevó a los marplatenses por la devastación ambiental y social que acarrearía (destruyendo la industria pesquera y el turismo), la filtración de que buscan firmar el acuerdo porcino con China volvió a poner en alerta al movimiento que ganó las calles el año pasado, y la proscripción en masa en la audiencia para habilitar el fracking en Mendoza desató indignación en una provincia que en el pasado reciente se rebeló contra la megaminería. Todos estos atropellos, que fueron denunciados en la gran jornada nacional de lucha del viernes 16, apuntan hacia un mismo lugar: garantizar que estarán las divisas para el pago de la deuda, que es el mismo destino que tendrán los nuevos préstamos ecofriendly si es que se concretan.

Con semejante panorama, el gobierno intentó minimizar la creciente movilización popular aduciendo que se trata de «hechos puntuales de reclamos en medio de la campaña». Es una revelación del temor que sobrevuela en la Casa Rosada. Las extraordinarias jornadas piqueteras, las luchas de los tercerizados de Edesur y el Ferrocarril Roca, de los despedidos por el cierre de Bimbo San Fernando, de los controladores aéreos, el lock out de Garbarino, los mencionados conflictos de la salud y los reclamos de docentes y estatales, entre tantos otros, advierten que el proceso electoral se avizora surcado por una intensificación de la lucha de clases. La convocatoria del Plenario del Sindicalismo Combativo para ganar las calles el martes 20 de julio revela así un gran sentido de oportunidad, a la par que contrasta con la entrega absoluta de la burocracia sindical y las organizaciones sociales integradas al Estado.

Con este telón de fondo es que el Frente de Todos se juega mucho en las legislativas. Como analiza el editorial de Néstor Pitrola, el peronismo afronta un cuadro de probables «derrotas resonantes en todas las principales provincias, lo que los ha arrinconado a transformar ellos mismos la elección bonaerense, una vez más, en la madre de las batallas. Lo cual es gratis para la derecha». El espanto a una derrota los llevó a eludir una Paso a pesar de la guerra interna de la coalición oficial, porque los dejaría gravemente heridos para encarar lo que se viene tras los comicios: el acuerdo con el FMI y su mayor ajuste previsible, el estallido de la devaluación contenida y la inflación reprimida de los tarifazos. «El gobierno es rehén voluntario de los capitalistas».

El desafío que se presenta para el Frente de Izquierda – Unidad en este escenario es mayúsculo. Se trata de la batalla por esclarecer la responsabilidad del gobierno y la derecha en esta catástrofe social, presentar un programa de salida a la crisis basado en terminar con el régimen de saqueo y pobreza de los que se suceden en el poder desde hace décadas, para favorecer una irrupción independiente de la clase obrera. Una columna de Gabriel Solano reflexiona acerca del proceso que se vive en las asambleas convocadas por el Polo Obrero para sumar a los miles y miles de desocupados que protagonizan el ascenso piquetero a la campaña del FIT-U, identificando en los trabajadores que abandonan la V de la victoria por el puño izquierdo en alto una tendencia al desplazamiento de franjas crecientes de los explotados que se alejan del peronismo para transitar una experiencia con la izquierda revolucionaria.

Es sintomático que entre decenas de luchadores que se pronunciaron en favor de listas unitarias y la convocatoria a un congreso abierto del FIT-U se destaquen importantes referentes del movimiento obrero combativo, empezando por dirigentes del Sutna y delegados de los elefantes neuquinos, pasando por exponentes de casi todos los conflictos mencionados. Se trata de una necesidad señalada tanto por la profundidad de la crisis como de la tendencia a levantamientos populares en todo América Latina que desafían por igual a gobiernos de diversos colores políticos, como vemos ahora en Cuba con las grandes movilizaciones suscitadas por la política de restauración capitalista del castrismo y el criminal bloqueo económico impuesto por Estados Unidos a la isla. Vaya si hay una perspectiva para el desarrollo de una alternativa política obrera y socialista.

Buen domingo, lectores de Prensa Obrera.

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