Que la semana haya concluido con la salvaje represión de Formosa es sintomático del momento que atraviesa el país, que afronta la aproximación de una segunda ola de coronavirus sin haber vacunado siquiera al personal de salud y con un ajuste en el sistema sanitario, mientras crece la carestía y los esfuerzos del gobierno se centran en un acuerdo con el FMI. La situación sanitaria de Brasil es una advertencia.

La reacción popular al anuncio de Gildo Insfrán de reinstaurar una cuarentena fase 1 en la provincia del nordeste refleja el hartazgo de un pueblo condenado al hambre, al cual desde el inicio de la pandemia se lo sometió al encierro y la represión, cuyas expresiones más resonantes fueron los miles de varados en la frontera provincial y el hacinamiento forzoso en centros de aislamiento de paupérrimas condiciones. Los balazos y la detención de un centenar de manifestantes, entre ellos el dirigente del Partido Obrero Fabián Servín, fueron así el corolario de todo el abordaje policial de la crisis sanitaria.

Insfrán gobierna desde hace 25 años para el avance sojero apoyado en todos los que se sucedieron en la Casa Rosada, por lo cual es prácticamente el máximo exponente de la continuidad de un régimen de saqueo. Es lo que en otro sentido retrató el encendido discurso de Alberto Fernández en la apertura del período de sesiones del Congreso, en el cual anunció una querella criminal contra el gobierno de Macri por “la mayor administración fraudulenta de la historia nacional”, pero acto seguido refrendó que no pretende incumplir los compromisos con el Fondo Monetario surgidos precisamente del acuerdo entre Macri y el organismo. Es lo que analiza en detalle el editorial semanal de Gabriel Solano.

Los macristas respondieron a la acusación judicial que el megacrédito del FMI se consumió en el pago de la deuda que dejó el kirchnerismo, algo que no niega que finalmente financió la fuga de capitales. Pero sí incrimina a los nac&pop, bajo cuyos gobiernos también se pagó serialmente al capital financiero para dejar al final del camino una hipoteca mayor a la defaulteada en 2001, mientras se consumaba una fuga fenomenal de 100.000 millones de dólares. Alberto Fernández, por su parte, sigue financiando el déficit con endeudamiento -para colmo indexado a la inflación-, y a pesar de los altos precios de la soja y el superávit comercial sigue sin divisas en las arcas del Banco Central.

El episodio revela como pocos la esencia común de los gobiernos de las últimas décadas, y valoriza la consigna que votó el XXVII Congreso del Partido Obrero: “No al pacto con el FMI. Abajo el régimen de hambre y saqueo de los que gobernaron en las últimas décadas. Por una alternativa obrera y socialista”.

Por lo demás, los choques entre el gobierno y el Poder Judicial vienen escalando. La últimas resoluciones de la Justicia en los casos que involucran a funcionarios y amigos de los anteriores gobiernos K, en particular con la condena a Lázaro Báez, van cercando judicialmente a la vicepresidenta. El apriete sobre la camarilla K forma parte de un recurso para limitar las tendencias bonapartistas del gobierno -como sucedió con la intervención de Vicentin-, en un cuadro de crisis política. Alberto Fernández busca contragolpear con una reforma judicial que licúe el poder de los camaristas de Comodoro Py y le permita una mayor injerencia, no en defensa del pueblo sino de una política de regimentación para intentar contener las contradicciones que enfrenta su hoja de ruta fondomonetarista.

El sesgado discurso presidencial no puede esconder sin embargo un notorio empantanamiento. En el caso de la reforma judicial, sigue trabada en Diputados. Las negociaciones con el Fondo dependen de la adopción de un rumbo claro en función de garantizar el repago, cuando el gobierno vacila en la implementación de los tarifazos en el marco de una inflación descontrolada; pero a su vez la precaria pax cambiaria depende del acuerdo con el Fondo, ya que carece de las divisas para seguir pagando los intereses (tras los 300 millones de dólares de febrero) y el vencimiento con el Club de París.

La misma impotencia puede verse en el intento de contener la carestía. Las mesas sectoriales con la cadena de producción de alimentos solo sirvieron para evidenciar que la especulación domina todos los eslabones, desde las proveedores de insumos y los créditos bancarios hasta la comercialización -o el desabastecimiento. Todo el plan oficial consiste apenas en lograr compromisos de los capitalistas de morigerar las remarcaciones de precios, a lo que estos exigen como contraprestación una serie de beneficios impositivos y una reforma laboral vía la paritaria para atar los salarios a la productividad. El gobierno irá por esa vía, mientras sostiene los gravámenes al consumo popular pero desistió de tocar las retenciones a materias primas clave como maíz y trigo, y profundiza el curso de naftazos y tarifazos a los industriales que también impacta en el precio final de las góndolas.

Contra esta profundización de la carestía se movilizaron de a miles en todo el país, el jueves 4, los trabajadores desocupados organizados en el Frente de Lucha Piquetero, en lo que fue el inicio del plan de lucha votado en un plenario nacional de 3.000 delegados. Con este accionar el movimiento piquetero, con el Polo Obrero a la cabeza, marca un rumbo para enfrentar a todo el régimen hambreador. Las tenaces luchas de los obreros de Siderar Canning, del frigorífico Arrebeef en Ramallo, de la docencia que paró y marchó en 14 provincias, las medidas de fuerza de la línea B del Subte, o la enorme movilización popular que volvió a frustrar el intento de habilitar la megaminería en Chubut, van prefigurando un escenario de una intervención más activa de las masas.

Un capítulo importante de este proceso se verá en el arranque de la semana entrante, con las movilizaciones en todo el país por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Este 8 de Marzo estará signado por la denuncia a la complicidad estatal contra los femicidios, una lección popular que se plasmó con mucha claridad en la pueblada de la ciudad bonaerense de Rojas por el crimen Úrsula, que como tantas víctimas fue asesinada por un policía. Pero la responsabilidad del Estado no solo refiere a la desestimación de denuncias y protección de los agresores, sino que incluye el empobrecimiento, la carencia de vivienda y la precarización laboral de las mujeres.

Esta situación tuvo expresión particular en la propia convocatoria a la movilización. Un conjunto de organizaciones de mujeres que en el pasado participaba de acciones comunes se aprestó a dividir la cita central en la Ciudad de Buenos Aires evitando cualquier cuestionamiento al gobierno, y lo mismo ocurre en numerosas provincias. Por todos los reclamos, más que nunca se plantea ganar las calles concurriendo a todos los centros políticos del país para denunciar a los gobiernos y al Estado.

Será otra parada de un marzo que se avizora convulsivo. Es momento de actuar. Buen domingo.

*La columna del editor de PrensaObrera.com se publica todos los domingos por la mañana. Recibí el adelanto en tu mail los sábados por la tarde, suscribite a nuestros newsletters