Finalmente asumió Milei, y sus ministros anunciaron tanto un paquetazo de ajuste como un protocolo para prohibir las manifestaciones contra esa ofensiva. Empezó la pelea.

Con banda y bastón, el presidente dio un discurso donde asegura que se vienen momentos duros para la población, a la vez que desestimó ensañarse con la casta política e incluso la invitó a sumarse a su gobierno. Después de todo, con sus matices y roces, ¿no son todos defensores de intereses capitalistas y partidarios de que la crisis la paguen los trabajadores? Desde el vamos, tenemos peronistas que seguirán como funcionarios y el aval a que Martín Menem presida la Cámara de Diputados, con la misión de viabilizar un ómnibus legislativo que atropellará los derechos conquistados por el pueblo.

El correlato del indulto a los “políticos empobrecedores” es un ataque a los laburantes, con una serie de medidas que antes que “evitar la catástrofe” como promete Caputo nos llevan derecho a la hiperinflación. Devaluación, tarifazos, naftazo permanente (que a su vez presiona sobre los subsidios), congelamiento de las jubilaciones y los Potenciar Trabajo, sin paritarias para discutir los salarios, y despidos en el Estado. Esto cuando el impacto más inmediato del salto en el tipo de cambio es la remarcación frenética en los alimentos y productos de primera necesidad; y hasta se suma el anticipo de que derogarán la Ley de Alquileres para dar vía libre a los negocios inmobiliarios a costa del hambre de los inquilinos. Ya es una “catástrofe” para los trabajadores, que no obedece como dice Milei a que no hay plata sino a que se busca sortear la crisis con una fenomenal transferencia de ingresos desde el pueblo hacia un puñado de capitalistas.

Es que los exportadores tendrán ganancias extraordinarias tras la devaluación, las petroleras van a igualar los precios internacionales de los combustibles, habrá bonos dolarizados para las importadoras que contrajeron deudas fraudulentas con sus filiales extranjeras para fugar dólares, los que especularon con los bonos de deuda pública están gozando un alza en las cotizaciones. Hay ganadores y perdedores, porque finalmente todo el programa tiene un claro carácter de clase, y está estructurado para robarle a los trabajadores en función de pagarle al FMI, como lo demuestran los propios números difundidos por el Ministerio de Economía.

Mientras poda los gastos estatales que influyen en las condiciones de vida del grueso de la población y deja intacto el pago de intereses, el gobierno apuesta a lograr un superávit fiscal a base de lo que Milei se cansó de definir como “el robo del impuesto inflacionario”. Es que por lo regresivo del sistema tributario la suba de precios alimenta la recaudación impositiva, y para ello es que habrían acordado con los gobernadores peronistas y radicales la reposición de Ganancias sobre los salarios, cuyos montos quedarán desactualizados frente a una inflación fuera de todo control. A los fugadores que reingresen divisas al país, en cambio, les prometen un blanqueo a costo cero. Ni siquiera despeja el problema de la emisión monetaria y sus efectos de desvalorización del peso, porque ofrecen bonos con seguros de compra automáticos del Banco Central en caso de que sus tenedores quieran sacárselos de encima; una promesa de emisión futura descomunal.

En este contexto vino el correlato del Rodrigazo, que es el protocolo para reprimir la protesta social. Con una resolución floja de papeles, Bullrich prometió desplegar a las fuerzas federales para arremeter contra las manifestaciones, así como montar retenes para obstaculizar el desplazamiento y perseguir a los beneficiarios de programas sociales, como si el cobro de un subsidio implicara la pérdida del derecho constitucional a defender sus conquistas. La conferencia de prensa con que el Partido Obrero respondió a esta provocación tuvo una enorme repercusión, denunciando la ilegalidad e inconstitucionalidad de la amenaza.

Al día siguiente de los anuncios de Bullrich una reunión de más de cien organizaciones piqueteras, sindicales y de derechos humanos reafirmó la convocatoria a ganar las calles el 20 de diciembre. Se esperan marchas en todas las provincias del país y una movilización de 50.000 personas a la Plaza de Mayo, ante lo cual la propia ministra de Seguridad empezó a recular pasándole la pelota al gobierno porteño y reconociendo que la implementación del protocolo antipiquetes plantea muchas dificultades. Será una primera pulseada que va configurando las batallas que se vienen, cuando crece la deliberación entre los trabajadores, públicos y privados, y las luchas.

Un caso testigo de los tiempos que se vienen es el del transporte. En medio de la intención oficial de multiplicar el costo del boleto en el AMBA y de los nuevos naftazos que suman 80% de aumento en un mes, las concesionarias salieron a reclamar compensaciones y subsidios presuntamente adeudados, extorsionando con no pagar el aguinaldo a sus empleados y reduciendo el servicio. Hasta las empresas de emergencias y traslados médicos informaron que afectarán sus servicios de ambulancias. Toman como rehenes a trabajadores y a la población en general, para subordinarnos a intereses patronales ajenos a los nuestros; de la misma manera que buscan hacerlo otros sectores empresarios, como la Cámara de la Construcción ante el cierre de la obra pública. Por nuestra parte, llamamos a defender de forma incondicional los salarios, los puestos de trabajo y el acceso a cuestiones tan elementales como el transporte público o la salud.

El camino a seguir lo marca la docencia cordobesa y su reclamo salarial con la seccional recuperada de UEPC capital, los municipales en numerosos distritos combatiendo los despidos y por el pago de los sueldos adeudados, la ocupación de la Clínica de los Virreyes en el barrio porteño de Colegiales, los obreros del calzado de New Balance y Montagne que frenaron momentáneamente cien despidos en el parque industrial de Chivilcoy. Es un rumbo opuesto al de la CGT, que se reunió de urgencia… para ver cómo ajustan al pueblo, sin convocar acción alguna. Esa política de la burocracia sindical permitió al gobierno anterior sumir a la mitad del país en la pobreza. Lo que urge es la convocatoria a un paro activo nacional. Sumemos los esfuerzos para ganar masivamente las calles el 20 junto al sindicalismo combativo y el movimiento piquetero, y abrir un curso de intervención independiente de los trabajadores para derrotar la motosierra de Milei.

Buen domingo.

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