Los índices récord de contagios de coronavirus, fallecimientos, ocupación de camas y hasta de positividad de los testeos confirman indudablemente un fracaso en toda la línea del gobierno nacional y de los gobernadores. Habiendo cruzado el umbral de los 40.000 casos diarios, y regiones lejos del Área Metropolitana con un estrés dramático del sistema sanitario como Neuquén, Córdoba, Misiones o Catamarca, el fin de las breves y laxas restricciones decretadas por Alberto Fernández sacan a la luz que no hay plan alguno para controlar el cuadro epidemiológico, más que la llegada a cuentagotas de vacunas.

Este desmadre clarifica que la grieta que separa al Frente de Todos y Juntos por el Cambio no es muy ancha, por lo cual las fricciones políticas deben impostare. La oposición impulsó en la Auditoría General de la Nación un relevamiento sobre las negociaciones con los laboratorios para la compra de vacunas, incluyendo pagos realizados y entregas incumplidas, pero aclarando que será sin tocar la confidencialidad de los acuerdos ni las patentes de propiedad intelectual. Una farsa.

El gobierno se va a cubrir alegando una “escasez mundial” de vacunas, como si en nuestro país no se hubiera fabricado el principio activo para más de 50 millones de dosis. La supuesta escasez es expresión de los monopolios de los pulpos farmacéuticos y el acaparamiento de los países imperialistas, aspectos ambos que Alberto Fernández respetó a rajatablas en el contrato leonino con AstraZeneca que habilitó la fabricación en la planta mAbxience de Garín. Para ser precisos, las “inaceptables” condiciones que habría reclamado Pfizer solo tienen diferencias de matices respecto con el resto de los laboratorios; Sigman es apenas el socio local de estos negocios a costa de la salud.

El colmo es que, mientras tanto, el presidente se excusó en su conferencia de prensa por no invertir en la ampliación de camas de terapia intensiva afirmando que se carece de personal para atenderlas. Es una justificación ajustadora del ajuste. Lo cierto es que no está contemplado destinar recursos para ninguna de las dos cosas; ni lo estaba en la ley de Presupuesto 2021 (a pesar de que ya se esperaba una segunda ola), ni lo está ahora.

Es un choque frontal con las luchas de los trabajadores de la salud por aumento salarial y condiciones laborales que proliferan por toda la Argentina. También con los sectores cada vez más amplios del movimiento obrero que pasan a la acción para exigir ser vacunados (como los colectiveros, los portuarios, los marítimos, camioneros, o de los comedores populares, entre tantos otros), poniendo sobre la mesa la desidia oficial que -así como hizo la vista gorda para que las patronales incumplan las restricciones en ramas no esenciales- se desentiende de control alguno sobre el cumplimiento de protocolos y medidas sanitarias en los lugares de trabajo. Peor aún, solo deja en pie restricciones que afectan a los trabajadores en sus ratos no laborales.

Lo mismo puede apreciarse del regreso masivo a las aulas en la mayor parte del país, sin que se haya destinado presupuesto alguno para garantizar condiciones seguras en las escuelas. Es otra prueba de que prima unánimemente el punto de vista de los empresarios, para los cuales la presencialidad escolar es una necesidad en la libre explotación de la fuerza de trabajo. No hay criterio sanitario alguno, y menos todavía pedagógico.

La importancia de intervenir en este escenario con un programa de los trabajadores es ciertamente vital, como desarrolla el editorial semanal escrito por Eduardo Salas. Desde la centralización del sistema sanitaria y la ampliación de sus recursos y personal, el control del plan de vacunación por los trabajadores de la salud, hasta la intervención del laboratorio mAbxience; de la suspensión de las clases presenciales ante alerta epidemiológica, a la implementación de protocolos obreros en los lugares de trabajo; se trata de medidas básicas que refractan la política capitalista de los gobiernos que nos conduce a la catástrofe.

Por supuesto, ello debe complementarse con la prohibición absoluta de despidos, paritarias sin techo y con cláusulas gatillo, un salario mínimo de $60.000, un seguro al parado y a todas personas sin ingresos de $40.000, y un aumento de emergencia de $15.000 para los jubilados, de manera de paliar la profunda crisis social. Pero es claro que la tutela del FMI y el pago de la deuda externa imponen ir en la dirección contraria.

Para intentar disimular este realidad, distintos referentes del oficialismo aprovecharon el feriado patrio del 25 de Mayo para publicar una carta titulada “Primero la salud y la vida, después la deuda”, en la cual se posicionan por una suspensión de los pagos de servicios de deuda hasta el fin de la emergencia sanitaria y por una renegociación de los plazos y tasas. Esta pose de respaldo por izquierda al gobierno mientras negocia un acuerdo con el FMI, que aglutina al camporismo y Gildo Insfrán, pasando por las diversas alas de la burocracia sindical de Yasky a Daer y Moyano, es un alevoso fraude que busca ocultar el pago religioso de los intereses al FMI, el canje usurario pactado con los bonistas, y sobre todo que el ajuste fondomonetarista ya está en marcha: las jubilaciones y los salarios del sector público variaron en los últimos doce meses la mitad que la inflación -y esto en medio de la recaudación extra por el boom sojero.

Al mismo tiempo, el pago de intereses a la banca por las Leliq ya consumió en lo que va del año el equivalente a todo lo anunciado oficialmente para afrontar la segunda ola -contando incluso las subvenciones a los capitalistas de ramas afectadas. Ahora pretenden desarmar esa bomba de tiempo tentando a los bancos a invertir (computando como encajes) en los bonos del Tesoro, con tasas que -lejos de la reclamada reducción- van en aumento y están indexados a la inflación. Si lo logran, Martín Guzmán y compañía no resolverán el problema sino que crearán las condiciones para una tormenta perfecta: una estampida inflacionaria que derive en una crisis de deuda soberana, la cual plantearía una conversión de la corrida cambiaria en una corrida bancaria. La bicicleta financiera con que se sostiene estable el tipo de cambio reafirma que el gobierno está en la palma de la mano de la banca, los especuladores y los organismos internacionales de crédito.

Los analistas burgueses no pueden dejar de notar, sin embargo, que la implementación de paquetazos de ajuste en tiempos de profunda crisis social detonó el proceso de huelga y rebelión popular en Colombia, mientras que las elecciones chilenas hacia la Constituyente ilustran los desplazamientos políticos que se abren como resultado de estas irrupciones de las masas. Este proceso latinoamericano brinda mayores motivos aún para insistir en la necesidad de convocar un congreso del Frente de Izquierda – Unidad, que permita involucrar a la vanguardia obrera y luchadora con una fisonomía política de clase, ofreciendo un canal y un programa para encauzar las tendencias antisistema en una lucha abierta contra el capital y sus partidos.

Una manifestación realmente impresionante de la avidez que existe en amplios sectores por deliberar y organizarse es la masividad que cobró el segundo congreso nacional del Plenario de Trabajadoras, que con más de ocho mil inscriptas sesiona en su plenario de cierre mientras se escriben estas líneas. De las diversas comisiones participaron decenas de familiares de víctimas y sobrevivientes de femicidios que luchan contra la impunidad; las piqueteras y precarizadas que luchan por trabajo genuino, además de cientos de trabajadoras de casas particulares que integran el gremio más feminizado del país en la más absoluta discriminación laboral; las compañeras que batallan en sus lugares de trabajo contra el pacto social del gobierno, las burocracias sindicales y las patronales contra los salarios y los puestos de trabajo; les jóvenes que luchan por la educación sexual, protagonistas de la marea verde que conquistó la legalización del aborto y activistas contra el abuso sexual eclesiástico. Es un enorme potencial para desenvolver a fondo las resoluciones de lucha del congreso, y una muestra de la intervención que puede tener la izquierda revolucionaria.

En este nuevo aniversario del Cordobazo, aquella gesta que en 1969 hirió de muerte la dictadura de Onganía y abrió una etapa de ascenso generalizado de lucha de clases Argentina, vale apreciar en toda su vigencia aquella consigna que coreaban las mases cuando, como decía Christian Rath, tomaban el cielo por asalto: “no deje de luchar, por un gobierno obrero y popular”.

Buen domingo.

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