Políticas
17/7/2024
Medio año de Jorge Macri en la Ciudad
La obsesión por el “orden y la limpieza” de la indigencia que está a la vista de todos.
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El Jefe de Gobierno porteño.
Cumplido medio año de gobierno en la Ciudad del primo del expresidente, Jorge Macri, los indicadores sociales siguen a los del gobierno nacional. “El mejor alumno de Milei”, como lo había definido Gabriel Solano en la apertura de sesiones en la Legislatura porteña en el mes de marzo, cumple al pie de la letra con lo acordado con el presidente. No solo en materia de ajuste -en el primer trimestre de este año se ha duplicado la indigencia con respecto al mismo periodo del año anterior, superando el 15%- sino también en materia represiva y de persecución contra les que luchan.
Las medidas anunciadas en su inicio de gestión, que marcaban los lineamientos a seguir, cumplían con el fin de desviar la atención de los problemas que verdaderamente afectan a les trabajadores. A la situación social de la pérdida de puestos de trabajo, muchos de ellos por despidos en el propio Estado, y la baja de salarios y jubilaciones, al mismo tiempo que se recortan los alimentos de los comedores populares y se congelan los montos de los programas sociales, se le suma la crítica situación en los colegios, hospitales y en los barrios con la falta de vivienda y urbanización.
Educación
Tanto la salud, como la educación y la asistencia social vienen siendo atacados fuertemente y siguen sin ser atendidos en sus aspectos más sensibles. El gobierno decía que eran las áreas que más lugar tenían en el presupuesto vigente
El problema de la infraestructura en los colegios persiste hace años. La caída de un techo en la escuela Casimiro Maciel en el barrio de Floresta y la muerte de un operario que estaba arreglando un ascensor en una escuela en Barracas son el botón de muestra de esta situación. La búsqueda de trasladar a otro lugar a la escuela Indira Gandhi, ubicada en un lugar preciado por los especuladores inmobiliarios en la Costanera Norte, muestra que no es la ausencia del Estado el problema, sino que es justamente este Estado el que está presente para atacar a las escuelas, a sus trabajadores y estudiantes.
El anuncio de un nuevo plan educativo, planteando que el “esfuerzo y el reconocimiento al mérito son los valores que lo deben guiar”, como dijo el Jefe de Gabinete Grindetti en su informe semestral de gestión, sería para “repensar la forma en que se enseña a leer, a escribir y matemática”, haciendo foco en las escuelas con malos resultados en las pruebas estandarizadas y brindando más capacitaciones específicas a docentes.
El problema es que los bajos salarios obligan a los docentes a tener varios cargos, viajar de una escuela a otra sin tener un boleto educativo que les permita reducir gastos en transporte, incluso con el aumento sideral en el subte, y a hacer malabares para llegar a fin de mes. Estos planteos van en paralelo a los ataques a los institutos de formación docente de la Ciudad, a la falta de titularización de docentes y al cierre y fusión de cursos tanto en el nivel medio como en los Cens, con la excusa de que habría poca matriculación sin indagar en los motivos por los cuales los estudiantes abandonan la cursada en medio de una situación social que los obliga a elegir entre seguir estudiando o salir a trabajar.
Salud
En materia de salud, la gestión comenzó con la grave epidemia de dengue que golpeó en todo el país, pero que afectó particularmente a la ciudad. El informe de Grindetti en su balance, diciendo que se hicieron más de 11 mil operativos de fumigación en espacios verdes o que los 18 circuitos de UFU no afectaron el servicio de salud, está lejos de describir la realidad. Las imágenes de las guardias de los hospitales colapsadas, el uso de insecticidas ante la falta de repelentes para uso personal y la ausencia de insumos básicos como mosquiteros fueron la realidad de los trabajadores de salud. Ni siquiera en materia de difusión de medidas a tomar la epidemia de dengue fue puesta en el centro de la escena, viéndose más carteles con propaganda de la policía de la Ciudad que de prevención contra el mosquito.
La campaña impulsada desde la banca de Gabriel Solano en la Legislatura por la gratuidad de la vacuna contra el virus, que no quisieron aprobar con el argumento de que no estaba probada, y para que se rindan cuentas de las medidas tomadas, obligaron a la aprobación de un pedido de informes para que el ejecutivo dé una respuesta.
Otro de los puntos centrales del gobierno de Macri en el aspecto de la salud fue la aplicación del protocolo de salud mental para gente en situación de calle anunciado en la apertura de sesiones. Según reconocieron oficialmente, desde el 2021 habría crecido un 40% la cantidad de gente que duerme en la calle. Buscando atender el problema de que “con el crecimiento de la pobreza aumenta la violencia y los consumos problemáticos”, sin reconocer su responsabilidad en el aumento de esta pobreza, se pondría un foco en la reinserción social; de ahí el anuncio cosmético de cambiar el BAP (programa Buenos Aires Presente) por la Red de atención, que actuaría todo el año y no solamente en invierno. Queda en evidencia la farsa cuando en pocos días hubo 5 muertes por frío en la Ciudad, cuando los Centros de Inclusión Social son deficientes y la gente que no tiene adónde ir prefiere quedarse en la calle antes que ir a un lugar donde no les dejan tener sus pocas pertenencias o los separan de sus familias.
Es que este protocolo no busca atender a la gente con alguna problemática de salud mental sino sacar a la gente de la calle, como dejó en evidencia el operativo “orden y limpieza” del Jefe de Gobierno, que luego de que se generara un escándalo por mostrar un antes y después de “limpiar” a la gente de la calle tuvo que decir que fue un “error” de comunicación. Eso lo muestran la situacion en la que se encuentran los hospitales monovalentes como el Borda o el Moyano y la falta de aplicación de la Ley 448 de salud mental, con pocos o nulos mecanismos de externación.
La realidad del sistema de salud, con falta de insumos, bajos salarios, condiciones laborales pésimas, como las que deben enfrentar les enfermeres por la sobrecarga laboral y el no reconocimiento en la carrera profesional, contrastan con el informe oficial que se jacta de los 2 centros de especialidades médicas ambulatorias, vaciados, o la supuesta finalización del hospital Cecilia Grierson en la Comuna 8 -los vecinos siguen denunciando que se encuentra mas cerca de un centro de salud que de un hospital. Queda en evidencia que el problema no es que haya vecines de la provincia de Buenos Aires que se atienden en la Ciudad, como quieren hacer creer, sino el vaciamiento del presupuesto por parte de un gobierno que no tiene a la salud como una de sus prioridades.
“Seguridad”, espacio público y ataque a les trabajadores
Uno de los caballitos de batalla del actual gobierno fue la aprobación de la llamada “Ley de Reiterancia”, con apoyo de otros bloques como la UCR -a la que Grindetti agradeció. La obsesión del oficialismo porteño con los piquetes y el espacio público se evidencia con que cada vez que puede se jacta de haber reprimido las movilizaciones por cada reclamo popular, con haber levantado a los feriantes que solo buscan ganarse un mango en medio de una situación social desesperante, como en Parque Patricios, en la calle Avellaneda en el barrio de Flores o en la Villa 31, donde ahora hay una garita policial pero el delito organizado sigue funcionando bajo el amparo de las fuerzas represivas y la Justicia.
Es claro que no les preocupa el espacio público cuando se observa la falta de respuesta que hubo frente a las inundaciones sucedidas durante el verano, que dejaron tendales de árboles durante días en las calles de la Ciudad. Es cierto que las “obras no se ven”, como expresó el Jefe de Ministros, cuando se refirió al plan hidráulico. Sus resultados tampoco. No es porque “en 20 años creció un 11% el volumen de lluvias”, ni porque haya que “mitigar los efectos del cambio climático” que la Ciudad se inunda y les trabajadores se mueren de frío en la calle.
La criminalización de la protesta va de la mano de la criminalización de la pobreza, con la persecución a quienes no tienen donde vivir, a quienes reclaman, y con el aumento de los dispositivos para encerrarlos. La consecuencia del “mejoramiento de la tecnología” para la policía, como reivindicó Grindetti en su informe, con el aumento de motos, cuatriciclos, cámaras, tótems de seguridad en plazas y “armas de baja letalidad” como las Táser o las Byrna, son para amedrentar a los trabajadores y “mejorar” la capacidad represiva de estas fuerzas. La creación de módulos carcelarios por la sobrepoblación de las alcaidías y comisarias no mejorará la seguridad en la Ciudad. Mientras no se avance contra quienes se benefician con los robos y el narco, financiando las cajas negras de las comisarías o lavando la plata en los bancos y con la especulación inmobiliaria, la situación se seguirá agravando con la crisis social. El delito no avanza por los migrantes como quieren hacer creer pidiendo la restitución del decreto 70/17 de Mauricio Macri. Son quienes tienen los peores trabajos y peores pagos. Avanza porque la Justicia y la policía son parte de un Estado cuyos personeros no pretenden terminar con el delito del cual se benefician.
Es la misma Justicia que avanza contra las organizaciones sociales que sostienen los comedores donde recurren cientos de miles de trabajadores que no llegan a fin de mes, o la que busca avanzar con los desafueros a los trabajadores del subte que realizaron medidas de fuerza para que la empresa de Roggio quite el cancerígeno asbesto de los vagones que ya se ha cobrado vidas.
El pedido del traslado de la justicia laboral a la Ciudad, uno de los pendientes de la autonomía porteña, sería para tener una mayor rapidez y “acelerar los procesos judiciales” para así “dar a las pymes mejores condiciones para generar trabajo”. Sabiendo de quien viene, es evidente que lo que buscan es una Justicia adicta que permita dar rienda suelta a los despidos y el empeoramiento de las condiciones laborales.
Vivienda
En materia de vivienda, la única medida anunciada por el Jefe de Gobierno fue el lanzamiento de créditos hipotecarios UVA. Esta modalidad, que había sido impulsada por su primo al momento de ser presidente, y que al día de hoy sigue manteniendo con la soga al cuello a miles de familias que fueron engañadas con una supuesta tendencia a la baja de la inflación, no tendrá resultados diferentes ahora.
En una ciudad donde casi el 50% de la población alquila, donde 400 mil personas viven en villas y asentamientos sin acceso a servicios básicos como agua, luz y cloacas, es necesario terminar con la especulación inmobiliaria con un impuesto progresivo a la vivienda ociosa y la creación de un banco de tierras y obra pública.
El “mejoramiento de 400 viviendas” en algunas villas de la Ciudad en estos 6 meses, como se anunció, es una gota de agua en el desierto de la crisis habitacional. “Desarrollar el potencial del sur de la ciudad” no tiene que ver con el uso del Parque Roca, el Parque de la Ciudad o el Autódromo para eventos masivos y conciertos sino con una urbanización real de los barrios, el acceso a servicios básicos y el transporte. Anuncian que la Ciudad le dejará de dar la espalda al río con la creación de 25km de borde costero pero permiten la construcción de torres de lujo en la ex ciudad deportiva de La Boca en vez de garantizar una vivienda a les vecines del barrio. El único resultado de favorecer la especulación inmobiliaria es el encarecimiento de los alquileres y hasta el derrumbe de construcciones por falta de control.
Mientras, se avanza contra quienes no tienen un lugar donde vivir, con el desalojo de familias como en la Villa 31, con el impulso a la especulación inmobiliaria y con la restricción del ya insuficiente subsidio habitacional.
En cuanto a la modificación del tan cuestionado Código Urbanístico, como prometió JM en las elecciones, todavía no hubo ninguna presentación oficial.
Segundo semestre
En una Legislatura donde el oficialismo no tiene quórum propio y donde la crisis política viene creciendo a partir de la grave situación económica, Jorge Macri deberá buscar acuerdos para poder llevar adelante los proyectos que tiene en mente. Las negociaciones con el gobierno nacional por la coparticipación y el lugar que ocupe el radicalismo en el gobierno se irán viendo con el correr de la crisis. En principio, se augura otro semestre con poca actividad legislativa.
La búsqueda de congraciarse manteniendo el superávit fiscal a costa de les trabajadores y siguiendo la “senda de austeridad” con los recortes de secretarías, despidos de trabajadores del Estado y ajuste presupuestario se dará en el marco de una aguda crisis social. Al contrario de lo que expresó Claudia Neira, legisladora de Unión por la Patria y una de las voceras de su bloque, no es que en la Ciudad haya una “falta de políticas” que amortigüen el impacto del ajuste del gobierno nacional, sino que justamente hay una réplica del ajuste a nivel local.
Como en otras provincias, siendo el caso de Misiones el que tuvo un alcance mayor, el traslado del ajuste nacional por parte de los diferentes gobiernos al interior de sus provincias deberá pasar la lucha de clases. Desde el Partido Obrero impulsaremos todas las luchas de les trabajadores, en la Legislatura y en las calles, para oponer a la crisis social una salida del lado de les trabajadores.
