15/08/2021

De las fiestas VIP en Olivos a la represión y el 50% de pobreza

Panorama político de la semana.

La fiesta que tuvo lugar en la quinta presidencial de Olivos por el cumpleaños de Fabiola Yáñez hizo mucho más claro el régimen de privilegios para el poder que rige desde el primer momento de la pandemia. Este capítulo se suma así al escándalo del vacunatorio VIP. Pero el contraste que más gravedad reviste es que este domingo 15 de agosto se cumple un año de la aparición del cuerpo sin vida de Facundo Castro, desaparecido por la Bonaerense de Berni por circular en la vía pública mientras regía la cuarentena estricta. Como dice una milonga de la banda Callejeros, “los sin zapatos no pasan a esta fiesta”.

En esos términos hay que entender el asunto. Hay una distancia de clase que se hace ineludible. La fiesta de Olivos cobra más gravedad en vistas de que el presidente negó días atrás en la entrevista que realizó en el programa Caja Negra que hubieron reuniones sociales en la residencia presidencial. Allí también hizo referencia a otra serie de cuestiones, como que “hay mucha hipocresía sobre la marihuana” y que “en algún momento” es un debate que hay que dar. Mientras, hay miles de presos por cultivar y/o consumir, como es el caso de los jóvenes de Puan.

Aunque hoy no rige la misma cuarentena estricta que al momento de la “clandestina gubernamental”, la pandemia no afloja, al menos en su potencial epidemiológico. La variante Delta asoma cabeza, pero el gobierno sigue avanzando sin mayores reparos a una apertura y a una normalización total. Que la ministra de Salud se limite a decir que “hay que hinchar por la Manaos” podría ser gracioso, si no fuera terrible. Tanto el gobierno como el arco de la oposición patronal, que se trenzan en la campaña electoral, obedecen a una misma orientación sanitaria. El desfinanciamiento de la salud pública y el aval a los negocios de las clínicas privadas es la regla, y así lo prueba el cruce entre los candidatos Facundo Manes, de la UCR-Juntos por el Cambio, y el ahora exministro de Salud bonaerense, el oficialista Daniel Gollán.

Y otra vez priman los contrastes de clase. Mientras estos privatistas y ajustadores de la salud se disparan de cara a los comicios, los trabajadores del Garrahan siguen en lucha. Son las postales de la administración capitalista de la pandemia. En la semana pasada se generó revuelo por los tweets del candidato a legislador porteño del Frente de Izquierda – Unidad, Gabriel Solano, que dejaban muy en claro que nos oponemos a cualquier medida coercitiva por parte del Estado y las patronales contra los trabajadores que no quieren vacunarse. Bastaron solo unos días para que se confirmen nuestros pronósticos: ahora, la UIA quiere avanzar en una vía libre a las patronales para despedir a los trabajadores que no se inoculen, y luego replicó también una orientación similar el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde. Apenas el 22% de la población cuenta con ambas dosis, y la cantidad de vacunas que arribaron al país todavía ni siquiera superan al total de la población. Esto deja más claro que el retraso en la vacunación es responsabilidad de quienes nos gobiernan y no de quienes no se quieren vacunar, sobre lo que se pretenden montar los gobiernos para avanzar en una ofensiva todavía mayor contra los trabajadores.

Esa ofensiva que se desarrolla explicita sus resultados. El propio gobierno, a través del Consejo de Coordinación de Políticas Sociales, ha reconocido recientemente que la “mitad más uno” del país es pobre. Esta condición alcanza actualmente a 22,7 millones de personas en un país de 45 millones. La publicación de las recientes cifras del Indec ayudan a desglosar la calamidad social: en el último año, los salarios perdieron a razón de un 15% de su poder adquisitivo en promedio, mientras que la inflación trepó en el último mes otro 3% y ya enterró la meta de inflación postulada por Guzmán a principios de año de un 29% hasta diciembre. Como bien dijimos desde el primer momento, esta meta trucha solo sirvió como «referencia» para abrochar los salarios en las paritarias a un monto que sería cómodamente superado por la evolución real de los precios. Pero las maniobras de la burocracia sindical y el gobierno se quedan chicas cuando la clase obrera delibera, se organiza y levanta cabeza. Mientras los tercerizados de Edesur volvieron a cortar el puente Pueyrredón en reclamo por la reincorporación, los trabajadores del Sitram (municipales) de Jesús María, se aseguraron una paritaria del 55% con los métodos de la democracia sindical y una dirección combativa del sindicato. En ese sentido, en el de las paritarias por encima de inflación, este viernes saludamos a los trabajadores del neumático en su día, que se han vuelto con el Sutna recuperado por la Lista Negra una de las grandes referencias del sindicalismo clasista y combativo en nuestro país.

Los ineludibles contrastes de clase, que son el hilo conductor de este artículo, se expresan cuantiosamente desde esta perspectiva. Las patronales buscan pauperizar todavía más a los trabajadores a través de la liquidación de los convenios colectivos, mayor precarización y avasallamiento de prácticamente cualquier garantía o derecho para una clase obrera ya precarizada a un nivel extenuante. En ese sendero se anota la reciente “queja” del gerente de Toyota de Zárate. Los coletazos de la crisis del capital eyectan cada vez más a los trabajadores fuera de las escuelas, pero luego los propios capitalistas patalean por no “encontrar mano de obra” que cumpla con “su perfil requerido”. Este cuadro se retrató con el caso de una cosecha de más de 50 millones de pesos que fue descartada en Misiones porque, retrata el patrón, “no encontró trabajadores para recogerla, porque preferían cobrar planes sociales”. Sin embargo, a pesar de tamaña confesión de pagar salarios tan miserables, el gobierno premia a estos explotadores agrarios, como con el nuevo  decreto que compatibiliza la asistencia social con el trabajo rural.

A su vez, el reproche del gerente de Toyota colocó nuevamente en debate la cuestión educativa. Todos los gobiernos hicieron una política común de Estado de atacar y desfinanciar la educación pública, a ambos lados de la grieta, ya sean peronistas o radicales-cambiemitas. Los ataques a los convenios y los salarios docentes, el desmonte de los protocolos sanitarios en las escuelas y la degradación de las condiciones de cursada para la juventud y el estudiantado están a la orden del día, y se pasan también con represión. Todo el horizonte privatista y de mercantilización educativa, al igual que en la salud, se cristalizaron en el reciente homenaje de la UBA, que cumplió 200 años, al estafador Hugo Sigman.

Aunque, nuevamente, los trabajadores responden a los ataques. Frente a ello la docencia se organiza, como en CABA, como en Salta, como en Neuquén; pero también la juventud. En ese sentido se inscribe la concentración frente al rectorado en la Universidad de La Plata, o así lo expresó también el masivo acampe piquetero de la semana pasada frente al Ministerio de Educación, cuyo peso llevó a Alberto Fernández a vender humo hablando de internet como un “servicio público” para que “llegue a todos los argentinos”. Lo que es una mentira, porque ya rige desde agosto de 2020 el carácter de “servicio público” en las telecomunicaciones, y eso no implicó su gratuidad, ni siquiera implicó que las empresas del rubro se privaran de aumentar las tarifas incluso por encima de lo que, se suponía, le permitía el gobierno. Es esto también lo que explica que un millón de estudiantes hayan abandonado la escuela, según el propio Trotta, o que seis millones tuvieran problemas de conectividad.

Estas declaraciones del presidente fueron parte de toda una estrategia oficialista por endulzarle la oreja a una juventud desencantada con el gobierno. Esta semana, desde la Casa Rosada hicieron hincapié en ello, porque coincide con la denominada «semana de las juventudes«. Allí es que Alberto habló de internet como servicio público. Es también el mismo lugar donde anunció el relanzamiento del #ArgentinaPrograma, un plan restrictivo y que es prácticamente una tomada de pelo a esos millones de jóvenes que tuvieron que abandonar sus estudios o tienen problemas para sostenerlos por la falta de dispositivos y conectividad. A esta juventud que depositó expectativas en el gobierno y se topa ahora con el resultado de su verdadera orientación política, se le plantean claves de cara a esta campaña electoral.

Parte del desafío que tiene el Frente de Izquierda – Unidad es, justamente, captar el descontento juvenil demostrando a las «nuevas generaciones» que la rebeldía solo puede ser de izquierda, ante la aparición —dada la magnitud de la crisis que atraviesa el capitalismo, de movimientos reaccionarios como los autoproclamados “libertarios”; que reciclan a los herederos de la dictadura militar genocida mientras hablan fantochadas en nombre de la libertad. Allí se anotaron las grandes intervenciones de la presidenta del centro de estudiantes del Nacional Buenos Aires y candidata a legisladora porteña del Frente de Izquierda – Unidad, Tatiana Fernández Martí, que “le cantó las cuarenta” a Constanza Bravi, una influencer adepta de Milei. Dejó muy claro que el “liberalismo” es enemigo de los derechos de las mujeres y las diversidades.

Campaña electoral

La campaña electoral avanza sobre los rieles de antagonismos de clase exacerbados. Mientras los gobiernos que defienden los intereses patronales llevan en sus listas a empresarios variopintos y a la burocracia sindical (como grafica la candidatura de Brunelli), se suman a la lista 1A del Frente de Izquierda – Unidad cientos de activistas obreros y referentes de la lucha contra la precarización laboral, como Hebe Sosa, madre de Matías Dimuro, un joven que perdió la vida en un crimen laboral de esos que el trabajo precario replican cotidianamente, como pasó esta semana en Laferrere con Octavio, de 20 años. Por ello el lanzamiento de la campaña del Frente de Izquierda – Unidad se hace en asambleas masivas en los barrios, en las fábricas, en las plazas. Se hacen jornadas entre la juventud, entre los trabajadores, entre las mujeres y las diversidades. Así es que tuvieron lugar esta semana en La Matanza y la zona oeste del conurbano bonaerense, múltiples jornadas en Neuquén; en Plaza de Boca y en Novella y Racedo, en Santa Cruz, en Río Negro, el verdadero acto masivo del Partido Obrero en el FIT-U de Córdoba, o el gran acto de la juventud de CABA.

También la campaña avanza en el plano de la comunicación audiovisual, y el Partido Obrero lanzó un spot que «hizo ruido». Propios y ajenos comentaron por varios días sobre la pieza audiovisual que retrata a la serie Okupas, que levantó un enorme furor por haberse filmado en el 2000, en medio de una crisis social tan flagrante como la actual. Un reflejo de ella es la reciente movilización de los piqueteros integrados al Estado, nucleados en el Triunvirato Cayetano. La política que siguen estas organizaciones fue explicitada por uno de sus referentes, Juan Grabois, que advierte que la “paz social” está en peligro y que el aparato de contención que ellos representan sobre los desocupados no podrá sostener el estallido mucho más. Así, acumuló nuevas tensiones al interior del oficialismo, en este caso, con Andrés Larroque. La pica entre los movimientos sociales, pejotistas, y ahora también camporistas, es una de las rencillas más tiesas entre las filas de gobierno. En ese sentido se anota la asunción de Juan Zabaleta en Desarrollo Social y el malestar que causó a los Grabois y los Pérsico. Aunque no fue el único ministro relevado por ser candidato; también asumió Jorge Taiana en reemplazo de Agustín Rossi al Ministerio de Defensa.

En la vereda contraria a los piqueteros integrados, nuevamente, se encuentra el Frente de Izquierda – Unidad, con referentes de la juventud piquetera, como Gabriela de la Rosa, que es precandidata a diputada nacional por el FIT-U y dirigente de la Juventud del Polo Obrero. Cuando dijo, en entrevista con Prensa Obrera, “somos los que peleamos contra el hambre y el ajuste” tiene un sentido profundo. La peor cara del impacto de la crisis sobre las masas más empobrecidas se hace notar con episodios como el tiroteo narco en Florencio Varela, que salpica a la Bonaerense de Berni, con los “muffins” experimentales envenenados con agrotóxicos que el gobierno de Gustavo Sáenz le da de comer a los niños wichí desnutridos en Salta, con las ocupaciones que no cesan como en la Villa 31, siendo esta villa en particular y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en general un epicentro de la crisis habitacional junto a la provincia de Buenos Aires, lo que no evita que oficialistas y opositores macristas le cedan terrenos al arzobispado platense.

La semana que se fue, se fue con otra confiscación a los jubilados. Cuando Alberto Fernández prometía en 2019 “desarmar las Leliqs para darle un aumento del 20% a los jubilados el mismo día que asuma”, mintió. Descaradamente. Ahora, mientras los jubilados cuentan moneditas, el presidente les “pide” amistosamente a los banqueros que otorguen créditos productivos y dejen de engrosar el stock de las Leliqs. Se trata por todas las vías de la desesperación de un gobierno por reactivar la economía y garantizar el ingreso de divisas para el pago de la deuda externa, como muestran con sus miserables créditos a monotributistas, o como lo puso de relieve el ministro de Ambiente, Juan Cabandié, que justificó la luz verde a la contaminación de los grupos capitalistas por tal propósito. Mientras la ONU advierte de los efectos devastadores del calentamiento global, en el país se sigue depredando con impunidad como refleja la crisis hídrica de Chubut, de San Juan, o el “lago rosa” en Trelew.

Pero los golpes al bolsillo continuarán, como confirma el tarifazo segmentado de Edenor y Edesur. En efecto, de un lado está el régimen de hambre y saqueo de los que nos gobernaron en las últimas décadas; del otro lado, el Frente de Izquierda – Unidad y sus candidatos hacia los próximos comicios. La importancia de defender bancadas obreras y socialistas en los distintos recintos del parlamento burgués se constatan, por ejemplo, en Neuquén, donde la candidata a diputada nacional Patricia Jure logró en la Legislatura provincial un pronunciamiento contra el remate de la Cerámica Neuquén, a la par en que César Parra logró en el Concejo Deliberante de la capital el pronunciamiento por la reincorporación de Guillermo Aigo y el apoyo al reclamo obrero por “zona desfavorable”. Por eso intentan proscribir de hecho y de palabra al FIT-U, como es el caso de la omisión de Victoria Tolosa Paz (quien hizo demagogia esta semana sobre la cuestión impositiva) en el debate de candidatos bonaerenses que propone, o el intento de cercenar la participación efectiva por errores del propio sistema virtual de inscripción de candidatos en San Martín. La izquierda es la alternativa al régimen de la miseria y la pauperización, y eso se confirma también en las amenazas recientes en el Concejo Deliberante de General Godoy por parte de los ediles oficialistas contra Gabriel Musa, concejal del Partido Obrero. La campaña electoral es hoy un canal de potenciación de las tendencias de la crisis y las maniobras del régimen político por arbitrar en ella. Mientras esperamos entonces los resultados de las elecciones salteñas, volvemos sobre la importancia que cobrará este terreno de la lucha política para el Frente de Izquierda – Unidad.

¡Que sea un gran domingo!

*La columna del editor de PrensaObrera.com se publica todos los domingos por la mañana. Recibí el adelanto en tu mail los sábados por la tarde, suscribite a nuestros newsletters